Ciudad de México, a 20 de junio de 2023.- Las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el clima hostil contra la prensa en el estado de Chiapas derivado del clima de violencia que se vive en diversas regiones de la entidad, principalmente por hechos relacionados con acciones de grupos armados y del crimen organizado.
Entre los hechos más recientes, se encuentra la colocación de mantas con mensajes intimidatorios contra la prensa en el municipio de Frontera Comalapa. Ante estas situaciones, las organizaciones llamamos al gobierno del estado de Chiapas a que se coordine con el gobierno federal para generar medidas preventivas y de protección contra la prensa.
El primero de junio la prensa reportó que presuntos integrantes de la delincuencia organizada colgaron mantas en cuatro puentes peatonales en el municipio de Frontera Comalapa, en donde se afirma que la prensa está siendo llevada por el ejército a cubrir en zonas de riesgo. Estas mismas mantas reaparecieron el pasado 10 de junio.
Asimismo, al menos tres periodistas entrevistados por las organizaciones firmantes, cuyas identidades se reservan por seguridad, reportaron amenazas, mensajes intimidatorios y otras situaciones de riesgo en el estado: Hay una situación generalizada en el estado, ahora fue en Frontera Comalapa, pero hay en otras zonas episodios de violencia vinculados a presuntos grupos de la delincuencia organizada y otros grupos armados que nos colocan en riesgo en nuestras coberturas.
Las comunicaciones y agresiones documentadas son parte de una estrategia de intimidación presuntamente de estos grupos que busca censurar a la prensa y la orilla a dejar de cubrir zonas o temáticas en específico, violentando su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Según información pública, particularmente en la zona fronteriza, la entidad ha experimentado un agravamiento en las dinámicas de seguridad debido a la presencia de algunos cárteles como el cártel del Pacífico y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de otros grupos transfronterizos como Los Huistas y la Mara Salvatrucha.
En el 2022, la organización ARTICLE 19 documentó 31 agresiones contra la prensa en Chiapas, un promedio de 2.5 al mes, lo cual es el número más alto de agresiones documentadas en el estado desde que la organización documenta la violencia contra la prensa[1]. Esto colocó a la entidad federativa en el noveno puesto de agresiones contra periodistas y medios en el país. Dado que 1 de cada 3 de las agresiones en Chiapas en el 2022 fueron directamente perpetradas por grupos de delincuencia organizada, esta violencia representa una grave alerta para el ejercicio periodístico en Chiapas. Asimismo, la organización alerta que el año pasado se duplicaron las agresiones contra la prensa en el país, pasando de 42 a 86 casos documentados.
Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer A.C. ha documentado durante esta administración que las mujeres periodistas son sujetas a atentados cuando realizan investigaciones sobre seguridad o informan de actos de violación a derechos humanos en contra de personas migrantes y movimientos sociales, particularmente en las comunidades donde hay presencia del crimen organizado. El impacto de la violencia sociopolítica en el contexto de la labor de las periodistas se ejerce porque no hay garantías de protección ni de acceso a la justicia, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de por lo menos dos periodistas en esta entidad.
Las organizaciones firmantes recordamos a las autoridades que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Mexicano tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y proteger ante situaciones de riesgo elevado, aun cuando el Estado no es el perpetrador de éstas: En aquellos países o regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección.
En vista de lo anterior, las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas firmantes exigimos al gobierno del estado de Chiapas:
- Se coordine con la Secretaría de Gobernación, particularmente con la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para tomar medidas preventivas y reducir el riesgo que vive la prensa en la entidad.
- Construya acciones de prevención como la emisión de alertas tempranas en las entidades que presentan un incremento de frecuencia e intensidad en los atentados contra periodistas por parte de grupos de crimen organizado, así como la falta o poca capacidad de reacción de las autoridades locales.
- Asimismo, ante la complejidad de actores y violencia en zonas de conflicto, las organizaciones firmantes llamamos a generar una política pública integral de prevención y protección a periodistas.
