El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó este martes en la Ciudad de México el sexto y último informe de labores sobre el caso Ayotzinapa titulado «Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes».
Durante una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de su investigación, el grupo dijo que su trabajo tuvo dificultades que no se debieron solamente a la complejidad del caso.
Agregaron que ha sido «imposible» continuar con su labor ante la falta de información por parte de las autoridades así como el ocultamiento de documentación por parte de las autoridades miltiares.
Ejemplo de ello fueron la lentitud en las respuestas a las solicitudes de información; la demora en la práctica de muchas pruebas; las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes; así como la falta de formulación en peticiones dirigidas a otras autoridades o entidades involucradas con los hechos.
Además, no indagar otras líneas de investigación «no puede leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Estas diferentes situaciones demuestran barreras no ocasionales sino estructurales en la investigación», dijo el GIEI en su informe.
Agregó que existió una falta de acceso a la información y ejemplo de ello fue la negativa de la Secretaría de Defensa
Nacional (Sedena) de entregar la información vinculada con el caso Ayotzinapa.
Sobre el actuar de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, antecesora de la Fiscalía General de la República), el grupo de expertos dijo que llamó la atención que dicha institución tampoco contara con información sobre el actuar de los elementos de seguridad federal y estatal durante la desaparición de los estudiantes.
«Los asuntos militares o de inteligencia son aspectos delicados en cualquier país cuando tocan aspectos de seguridad nacional, lo cual no es aplicable frente al caso Ayotzinapa, en donde se trata de una desaparición forzada masiva ocurrida en un territorio con fuerte presencia de fuerzas policiales y militares. No facilitar o impedir el acceso a cualquier información, no sólo para el GIEI sino para la PGR encargada de dicha investigación, supone una limitación clave en la lucha contra la impunidad», indicó el informe.
Los expertos consideraron que a diferencia de otros países con muchos problemas en el sistema de justicia, como Colombia o Guatemala, que sin embargo han avanzado en estas investigaciones, en México son mucho más limitadas las investigaciones contra policías o militares de rangos medio y alto involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
También criticaron que las búsquedas de los desaparecidos no incorporaron importantes medios tecnológicos que hubiesen facilitado las diferentes diligencias y posiblemente hubiesen permitido obtener resultados de mayor fiabilidad y confianza.
«La obligación de hacer actuaciones prontas e inmediatas dirigidas a dar con el paradero de las víctimas es una carga para el Estado, las demoras en la obtención de las pruebas que puedan llevar a identificar posibles líneas de investigación se traducen en decisión de impunidad», señaló el informe.
Este grupo de expertos fue implementado hace ocho años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluirá su mandato el 31 de julio y anunció que no buscará ampliar el plazo de sus funciones.
El Grupo se unió a la investigación del caso Ayotzinapa para ayudar los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
