Por Concepción Delgado Parra/El Universal*
En las elecciones de Coahuila celebradas en 2023, las dirigencias del PRI y PAN firmaron un “Acuerdo político electoral” para repartirse puestos públicos, secretarías, organismos autónomos y notarías. Así lo dio a conocer Marko Cortés, presidente de Acción Nacional, quien compartió en sus redes sociales el contenido del documento, acusando a Manolo Jiménez –hoy gobernador de Coahuila– y Alejandro (“Alito”) Moreno, presidente del PRI, de incumplir los acuerdos firmados.
La confesión involuntaria de Marko Cortés al publicar el “acuerdo”, donde se da a conocer la repartición del “botín”, no sólo constituye un rasgo de cinismo y arrogancia del presidente del PAN, sino del convencimiento pleno de que revelar las prácticas ilegales en las que incurre el PRIAN quedarán en la impunidad.
Marko Cortés asegura que no hay un acto de deshonestidad en el contenido del documento, lo que reclama a Manolo Jiménez y “Alito” Moreno es el incumplimiento del acuerdo político electoral que firmaron. El dirigente del PAN sólo exige las posiciones que le prometieron y cumplir con el plan.
El reparto que defiende el presidente de Acción Nacional se aleja de todo principio del bien común, base de la democracia. En su posicionamiento no se vislumbra ni una traza de proyecto de nación, ni siquiera una ideología, solamente el interés por obtener la mayor ganancia.
En una democracia es válido establecer alianzas o coaliciones entre partidos políticos, lo que no es legítimo, desde el punto de vista ético y político, es realizar acuerdos que contradigan posturas públicas previamente asumidas.
Al respecto, es preciso recordar la convocatoria del PRIAN para manifestarse en las calles en “defensa” de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El contenido del “acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024”, difundido por Marko Cortés, desenmascara la impostura de los dos partidos y sus dirigentes. Tres entidades “autónomas” destacan en el reparto del “botín”, dentro de la lista del documento. La ratificación de un magistrado en el Poder Judicial, la asignación del Instituto de la Transparencia y el otorgamiento de seis notarías.
La repartición facciosa de cargos públicos e instancias de gobierno mediante acuerdos cupulares es un acto ilegal. La ley marca los procedimientos para su designación. En este sentido, el INE estaría obligado a iniciar una investigación en relación con estas prácticas.
La revelación de Marko Cortés representa un hecho histórico. Se trata de un texto que describe una práctica ilegal que ha atravesado la vida política de nuestro país, pero ahora está documentada.
El “Acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024” es un documento inmoral en el que se retrata de cuerpo entero la vigencia de la política tradicional y exhibe el desdibujamiento de la alianza del PRIAN. Hoy, no los une ni siquiera el proyecto neoliberal, sólo la disputa por las “migajas del botín”.
*Link original en El Universal:
https://www.eluniversalqueretaro.mx/opinion/concepcion-delgado-parra/opinion-disputa-por-las-migajas-del-botin/
