Por Alejandro de Anda
LO OSCURO. Por una causa justa el ‘socialista’ norteamericano Eugene Debs
pasaba tiempo condenado en prisión, donde recibía en 1918 la cantidad de un
millón de votos a su favor por la contienda a la presidencia de los Estados
Unidos.
El representante sindical y miembro del partido demócrata, participaría por
cinco veces a la máxima silla ejecutiva de aquel país. Tras las rejas –por
reclamar y hacer público que nadie debía estar obligado a tomar las armas
para luchar en la guerra de la nación; pues aseguraba que los únicos que
ganaban por tal motivo, eran los fabricantes de armas.
De nueva cuenta un probable preso –aunque otras sean las circunstancias- se
encuentra a un tris de aparecer en la boleta electoral a poco más de cien años
de distancia.
El republicano Donald Trump repetiría la dosis tras la sentencia en su contra y
con dos posibilidades bastante reales: 1, que sí puede llegar a ganar los
comicios; 2, que sí puede ser condenado por los delitos federales que acumula.
Las leyes norteamericanas apenas suman un par de estipulaciones que deben
ser observadas para la elegibilidad hacia la presidencia de su nación.
Ser ciudadanos ‘naturales’ (haber nacido en territorio americano); tener 35
años cumplidos y haber vivido “de corrido” por lo menos 14 años en suelo ‘de
las oportunidades’.
Pero no es su situación legal la que interesa a los electores pues su nivel de
vida y los servicios y atención que reciben de sus autoridades les mantienen en
un nivel de satisfacción que por ser bueno, poca atención les causa la lucha
intestina entre los dos partidos que disputan el control: republicano y
demócratas.
Es decir. Cualquiera de las 35,946 ciudades en los 50 estados que las
contienen cuenta con una administración general de la ciudad que permanece
y son contratadas por la misma ciudad, sea cual sea el alcalde o el cabildo que
los gobierne.
Desprendido de eso es poco el entusiasmo real por participar activamente en
una votación del tamaño que ésta sea.
La constante electoral para presidente entonces ronda a los 100 millones de
electores. En un universo de más de 350 millones de habitantes donde la
elección de Biden con 160 millones de votos, llamó poderosamente la atención.
¿Y eso en qué nos afecta?
La democracia, la implementación de este sistema de impartición de gobierno y
todo lo referente al ser autoridad elegida debe ser colocada en las manos más
escrupulosas y ‘puras’ y llevada a ese sitio por los electores que tienen derecho
por su contribución a su sociedad para hacer de esta un lugar digno y
desarrollado, por un elector que cumple cabalmente con sus leyes y
reglamentos.
La pena de prisión –según las leyes que aplican- produce la suspensión de los
derechos políticos, de tutela; de ser apoderado, albacea, árbitro y otros más
por la condición de haber faltado a la ley.
Sin embargo parece que esa ley no sólo es letra muerta sino que se encuentra
en desuso.
93,000 presos votarán en las elecciones presidenciales en México en 2024
bajo el esquema de ‘prisión preventiva’ y seguramente con el argumento de
presunción de inocencia.
Y además, los delitos parecen ‘desaparecer’ o convertirse en requisito “sine
qua non” para ser parte de las maquinarias políticas que utilizan su pasado
como ‘persecuciones políticas’.
Así, se pretenderán registrar desde el extranjero para buscar el amparo de
puestos políticos que les otorguen inmunidad que obliga a repensar a la
sociedad ¿bajo qué gobierno deseamos vivir?
Esta nueva figura política posiblemente en el cercano futuro se convierta en
otro partido que logre dar cobijo a ex políticos para que afiancen la trayectoria
inicial.
Los ciudadanos comunes atreveríamos a decir (al igual que los descuentos que
otorgan a los morosos que pagan años después las contribuciones públicas
con mejores beneficios que los ciudadanos cumplidos) entonces ¿para qué
tantas cartas de no antecedentes?
COLOFÓN: Si Trump gana y comienza a gobernar desde la cárcel, esos
93,000 votantes podrían pensar en registrar sus firmas por un nuevo partido…
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