Por Fortino Cisneros Calzada
El activismo inusitado de Norma Piña Hernández para incidir en el proceso electoral que culmina el 2 de junio, responde y corresponde a las características de la lawfare, esto es, la guerra jurídica que se ha puesto en marcha en contra de los gobiernos progresistas y humanistas. No ha faltado ninguno de los elementos fácilmente identificables en casos similares que han tenido mucho éxito, como ocurrió en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Chile.
Desde que Luis María Aguilar, siguiendo las órdenes de Ernesto Zedillo creó un entramado a modo y notoriamente aberrante, la impartición de la justicia se empantanó para convertirse en una instancia suprema al servicio de los poderes fácticos. Su producto más decantado es la impunidad, como puede constatarse a través de sus actuaciones durante las últimas tres décadas, desde que Zedillo disolviera el Poder Judicial de un plumazo y creara otro alineado al proyecto neoliberal.
Norma Piña pertenece a la élite dorada y fue impuesta para confrontar al gobierno del presidente AMLO, saltando todas las reglas de la sana convivencia entre servidores públicos. Su mentalidad es tan obtusa que no entiende que es eso, un alto funcionario del Poder Judicial al que la ley obliga a conducirse con responsabilidad. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Cap. III Art. 14, le atribuye: “Representar a la Suprema Corte de Justicia…”, no a sí misma, en asuntos oficiales.
Su primer berrinche fue permanecer sentada en una ceremonia oficial en que se recibió al presidente de la República; luego han seguido otros aprovechando que es, absurdamente, presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, eso es, juez y fiscal, juzgador y juzgado. Hasta llegar a la ocurrencia de hacer pública una denuncia anónima en contra del expresidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de Larrea por supuestas irregularidades perpetradas durante su ejercicio, saltándose el sigilo obligado.
Forjada, como la mayoría de los funcionarios del Poder Judicial mexicano, en los principios de la reforma judicial implementada por Luis María, Norma no entiende que en el equilibrio de poderes del Estado mexicano, ninguno está por encima del otro. Que la función esencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es velar por la estricta constitucionalidad de las leyes que crea el Poder Legislativo y aplica el Poder Ejecutivo. Jamás invadir funciones ni competencias exclusivas.
Lo último ha sido declarar que: “Nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da nuestro ordenamiento jurídico para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”. ¿De verdad, lo cree? ¿Hay quien lo crea, luego de definir al entramado judicial como una puerta giratoria de la delincuencia y de esperar décadas para que se defina una situación judicial?
Ya con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que considera a Piña como víctima del acoso del gobierno mexicano, y luego de reunir a sus subordinados y adeptos en la quinta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que se realizó en Mérida, Yucatán, va con todo para arruinar el proceso electoral del 2 de junio. Por lo pronto, ya echó atrás las reformas pro austeridad del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
