La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas dio entrada a una iniciativa de punto de acuerdo para exigir al Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información así como a la Auditoría Superior del Estado realice una profunda investigación sobre las irregularidades financieras y el saqueo de bienes del ITAIT.
El presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, Isidro Vargas Fernández, aseguró que existe un saqueo de bienes públicos, la simulación de venta de automóviles del ITAIT, así como el cobro indebido e irregular de algunas cuotas a ciertos ayuntamientos, por concepto de multas.
Vargas Fernández, consideró dentro de la iniciativa que presentó, que uno de los responsables de estos actos aparece el excomisionado presidente Humberto Rangel Vallejo, durante el periodo en que fungió en este cargo en el ITAIT.
“Se debe llegar hasta sus últimas consecuencias en derecho”, precisó el diputado en su iniciativa.
Uno de los argumentos que refirió el legislador local es que está muy cuestionado el saqueo de bienes públicos, la simulación de venta de automóviles del ITAIT, que supuestamente eran chatarra, así como el cobro indebido e irregular de algunas cuotas a ciertos ayuntamientos, por conceptos de multas y cuestiones nada transparentes.
Y fue más allá, toda vez que aseguró que el órgano Interno de Control del ITAIT no ha realizado la investigación pertinente para esclarecer los hechos y dilucidar eventuales responsabilidades administrativas de que es acusado el otrora Comisionado Presidente de esa instancia.
“Del mismo modo, no se tiene conocimiento si la Auditoría Superior del Estado ha iniciado la revisión de la cuenta pública del ITAIT, donde se puede asentar su la actuación de Humberto Rangel Vallejo se efectuó con apego a la ley o si hubo irregularidades, tal y como se hace referencia en diversos medios de comunicación”.
Vargas Fernández completó que tanto el Órgano Interno como la ASE, cuenta con atribuciones legales para proceder, investigar y resolver sobre las denuncias de faltas administrativas, graves y las no graves, para encauzar los procedimientos contra servidores públicos cuya actuación es indebida.
