El secretario del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, aceptó que se han encontrado casos de corrupción en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en los que abogados defensores y funcionarios estaban coludidos para retrasar las resoluciones y obtener más ingresos.
“La corrupción enquistada en las juntas de conciliación y arbitraje no ha permitido abatir el rezago que impera en alrededor de 15 mil expedientes laborales, en algunas cuestiones por falta de voluntad de los abogados o complicidad de ellos con funcionarios de instancias laborales.”
Explicó que se han encontrado casos de complicidad para que se rezagaran los laudos, afectando el bienestar financiero de los empleados que promovieron los expedientes por presuntas violaciones a sus derechos laborales.
“Ha habido ahí una especie de complicidad entre abogados y funcionarios de ese entonces que dejaban que crecieran los laudos para que aumentara la cantidad que debía ser pagada, entonces esa es una realidad”.
Dijo que para resolver la corrupción en las Juntas de Conciliación, se está buscando combatirla desde raíz y se han turnado los casos detectados al área encargada de investigarlos y castigarlos.
“Estamos luchando contra eso, estamos luchando contra el tema de la corrupción que había muy enquistada en las Juntas, les podemos decir que el día de hoy los presidentes tienen un compromiso importante de abatirlo”.
Illoldi Reyes, expuso que en el 2019 se creó un nuevo modelo de justicia laboral en el que se estipuló la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel nacional, y desde mayo del 2022 dejaron de recibir demandas en Tamaulipas, para entrar en operación los tribunales laborales del Poder Judicial.
“Ahora se busca erradicar el rezago que se heredó de pasadas administraciones estatales”.
Admitió que la corrupción en esas instancias laborales de una u otra forma no se ha podido erradicar por completo, tras haber detectado comportamientos anómalos que se han turnado a la instancia que corresponde para iniciar una investigación y en su caso, imponer sanciones y castigos.
“El más antiguo debe tener cerca de 38 años, lo cual es bastante, dado la complejidad de los mismos casos es que se han ido quedando atrás, pero bueno, la idea y el compromiso de este gobierno es cerrar el sexenio agotando los expedientes y cerrando las juntas de conciliación y arbitraje a más tardar en el 2029”, señaló.
En el proceso de transición se recibieron más de 26 mil expedientes sin resolver en las Juntas de Conciliación, a casi tres años, se ha logrado reducir a 14 mil 900 expedientes, lo que representa un avance cercano al 50 por ciento.
