La formación gubernamental explosivamente ofensiva contra México añadió ayer una pieza operativa sin sombra de duda respecto a su visión y propósitos: Terrence Cole, llamado Terry, estará a cargo de la agencia estadounidense de control de drogas (la DEA).
Con 22 años en esa agencia, Cole conoce la política mexicana y sus puntos críticos en relación con el crimen organizado y el fentanilo. En su hoja de servicios destaca su experiencia en Colombia, Afganistán y Ciudad de México. En 2020 se retiró siendo director regional interino para México, Canadá y América Central.
El 2 de abril de 2020, Breitbart News Network, el sitio de Internet de ultraderecha fundado por Steve Bannon (quien fue consejero en un tramo del trumpismo), publicó una entrevista con Cole: Los cárteles de la droga trabajan en estrecha colaboración con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los más altos niveles (…) Si el contribuyente promedio tuviera un conocimiento básico de cómo estos dos grupos trabajan juntos hasta el momento, se sentiría asqueado. A veces, es difícil saber quién es quién cuando se trata con cárteles, la policía federal, las fuerzas militares y el gobierno federal.
En otra parte del texto, titulado Exclusivo: Químicos mexicanos ayudan al cártel de Sinaloa a excluir a China del comercio de fentanilo, el próximo director de la DEA, si el Senado lo confirma, aseguró: El gobierno mexicano, al más alto nivel, es cómplice y trabaja codo a codo con estos cárteles en todos los niveles de fabricación, transporte y distribución. Las unidades de élite como la Semar están totalmente marginadas y la actual administración no les permite perseguir a los líderes de los cárteles (https://goo.su/aBKnK).
En otro flanco: el destemplado esfuerzo hecho ayer en la mañanera por la presidenta Sheinbaum y el fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, da cuenta de la importancia que para la actual administración tiene tratar de sepultar el caso Cienfuegos, sujetándolo a la verdad oficial; es decir, a la versión fabricada por el propio Gertz en México, sin reconocer ni aceptar lo esencial: que el ex secretario peñista de la Defensa Nacional fue devuelto a México, como consta en actas judiciales del vecino país, por petición del Departamento de Estado, entonces a cargo de William Barr, en atención a gestiones del gobierno obradorista.
El truco intentado pasa por centrar el caso en la exonerante resolución mexicana, es decir, en el acomodo de Gertz Manero, a las necesidades locales y en evitar, desacreditar o silenciar el hecho fundacional, definitorio, de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que el general Salvador Cienfuegos fuera devuelto mediante el acordado retiro de cargos, sin definirse si el militar era culpable o inocente.
De esas negociaciones se habló abiertamente en la mañanera obradorista en noviembre de 2020. El entonces canciller, Marcelo Ebrard, dejó testimonio inequívoco deesos arreglos, al argumentar que el retorno de Cienfuegos implicaría una investigación mexicana sin escenarios de impunidad: Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación, lograr que por primera vez se desestimen los cargos, que sea retornado a México y no hacer nada sería casi suicida; para eso, no hacemos nada, que se quede allá.
Añadió, para tratar de explicar la postura mexicana que en su momento se mencionó extraoficialmente como el amago de cancelar la colaboración institucional con la DEA y la expulsión de México de sus agentes: Pónganlo muy simple, hay dos caminos: o se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos (al no avisar Estados Unidos que estaba investigando a Cienfuegos), o entonces nosotros pondremos sobre la mesa a revisar toda la cooperación. Claro que hubo negociación y, derivado de ella, el gobierno de Estados Unidos pidió a la jueza del caso Cienfuegos que retirara los cargos, por razones de política internacional y cooperación entre ambos países. ¡Hasta mañana!
