El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. La reforma busca democratizar un sistema de justicia sumamente trastocado por la corrupción y falta de accesibilidad de manera equitativa. Sin embargo, este proceso electoral enfrenta un obstáculo fundamental: a poco más de 90 días de la elección la gran mayoría de los ciudadanos aún desconoce muchas cosas sobre este proceso.
La reforma busca otorgar a la ciudadanía el poder de elegir a sus juzgadores, con la esperanza de que esto, de alguna manera, aumente la imparcialidad en la impartición de justicia, sin embargo, el éxito de una elección radica en que los votantes conozcan a los candidatos, comprendan sus propuestas y sobre todo que salgan a votar.
Y en este escenario llama la atención algunos datos, por ejemplo: según una encuesta de QM Estudios de opinión y Herlado Media Group realizada en los primeros días de febrero del 2025 a 800 personas arrojó que solo el 12% de los encuestados afirmó conocer a alguno de los candidatos, además muy pocos pueden nombrar a alguno de los aspirantes o explicar algo sobre el proceso electoral, datos muy interesantes pero inquietantes.
Aquí el principal desafío es la falta de información. ¿Cómo se puede ejercer un voto consciente si no se conoce a los candidatos?, la misma presidenta del INE Guadalupe Taddei advierte que, si se toman como referencia ejercicios electorales previos como la consulta de revocación de mandato, la participación podría estar solo entre un 8 y un 15%, lo que refleja desinterés y también una profunda desinformación.
Si el 1 de junio la mayoría de los ciudadanos acude a las urnas sin conocer a los candidatos, corremos el riesgo de elegir a jueces por factores superficiales, como la popularidad en redes sociales o el respaldo de figuras políticas influyentes, en lugar de sus capacidades y trayectoria. Y si, como las propias autoridades lo prevén, la participación es baja, la legitimidad del proceso podría no ser la esperada.
Uno de los mayores retos para el INE será lograr informar de forma pronta y efectiva a los ciudadanos sobre los candidatos, porque a diferencia de otros procesos electorales, en esta ocasión los aspirantes no podrán utilizar recursos públicos ni recibir aportaciones privadas para sus campañas. Además, está prohibido pagar publicidad en redes sociales, lo cual limita significativamente su capacidad de llegar al electorado.
Esto plantea una pregunta importante: entonces ¿cómo conoceremos a los candidatos? En un contexto donde la mayoría de las personas se informa a través de redes sociales y medios digitales, la ausencia de publicidad pagada reduce la visibilidad de los aspirantes. Esto podría llevar a que solo aquellos con acceso a plataformas mediáticas o con reconocimiento previo logren captar la atención pública, dejando en desventaja a candidatos menos conocidos pero quizá igualmente calificados.
Se necesitará una comunicación innovadora para garantizar que la ciudadanía conozca a los candidatos en muy poco tiempo por ejemplo a través de debates públicos, plataformas informativas neutrales y campañas de educación cívica.
Por supuesto que la reforma judicial en México es urgente y tratar de democratizar la elección de jueces es una idea valiosa en teoría, pero en la práctica será sumamente difícil si los ciudadanos votan desinformados o peor aún si no participan en absoluto.
Elegir jueces por voto popular no garantiza automáticamente un mejor sistema de justicia. Sin conocimiento sobre quiénes son los aspirantes y cuáles son sus propuestas, el voto pierde sentido y la reforma corre el riesgo de quedarse en un ejercicio simbólico.
Si realmente se quiere transformar el sistema de justicia en México, se necesita una estrategia integral que atienda por supuesto el método de elección pero que también informe y capacite a la ciudadanía, cosa que aparentemente ha quedado corta por parte de los organismos responsables.
Elegir a nuestros jueces sin la información adecuada puede traer consecuencias, ¿estamos preparados?
