La ministra Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en tal condición, representante del Poder Judicial de la Federación, no fue invitada a participar en la ceremonia republicana que en Querétaro conmemorará la promulgación de la Constitución vigente. Sólo estarán representados los otros dos poderes federales, el Ejecutivo, en la persona de la convocante de dicho acto, la presidenta Sheinbaum, y el Legislativo, con sus directivos también morenistas.
El menosprecio a la camarilla que aún tiene mayoría en la Corte está enmarcado en la larga batalla que se ha librado desde la administración del presidente López Obrador y que ahora sostiene la Presidenta de la República, quien ayer en su conferencia mañanera de prensa atribuyó el desdén a la falta de respeto que la ministra Piña habría mantenido en su relación con los otros dos poderes y, en particular, respecto a la reforma judicial y su proceso en curso.
En el pasado, sobre todo en la etapa dominada por el PRI, se agrandaba la importancia de tal ceremonia al grado de decir que en ella estaba reunida la República, pero ahora, con la ausencia de la ministra presidenta en ese acto protocolario, queda de manifiesto que ella y su Corte están operativamente deshabilitadas, sin reconocimiento de dos poderes, con una evidente incapacidad de que sus resoluciones tengan los efectos buscados y en una penosa travesía, hasta septiembre de este año, con estación electoral en junio, por una especie de desierto institucional.
En tanto, el aparato del gobierno federal trabaja a marchas forzadas en busca de convencer al presidente de Estados Unidos de que no reavive su intención de imponer aranceles a productos mexicanos. Ayer, la presidenta Sheinbaum se reunió con la cúpula empresarial para dar más detalles de lo conversado y convenido con Donald Trump. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, propició un amplio aplauso a la mandataria.
Con un mes como plazo para conjurar los famosos aranceles, de inmediato ha asomado a escena (casi bélica) otra de las cartas fuertes del fullero estadunidense: la acción directa contra los cárteles mexicanos del narcotráfico (del crimen organizado en general), a los que se ha clasificado como organizaciones terroristas que, conforme al criterio imperial de la Casa Blanca, pueden ser atacadas incluso con fines de exterminio físico en territorio ajeno.
Los aranceles, ha dicho Trump, tienen como motivación real presionar para que México y Canadá frenen la migración irregular y el tráfico de drogas, en especial el fentanilo. Pero la tregua de un mes relacionada con tales aranceles no implica ninguna pausa en materia de combate al crimen organizado en otros países, como México.
En ese contexto han sucedido hechos que podrían obedecer a otros propósitos, desconectados de los expedientes de México y sus cárteles, pero que generan desasosiego, sobre todo si se recuerda como telón de fondo la retórica sumamente agresiva de los principales acompañantes de Trump en el nuevo poder gringo, quienes advierten y promueven acciones directas contra los grupos criminales mexicanos, a tal grado que la Casa Blanca formalmente ha dicho que tales organizaciones tienen una intolerable alianza con el gobierno de México.
Uno de esos elementos llamativos ha sido el vuelo de un avión equipado para espionaje de comunicaciones electromagnéticas en las inmediaciones de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional y algunos especialistas en el tema han asegurado que ese vuelo de la fuerza aérea de Estados Unidos se realizó afuera del ámbito exclusivo de México, más bien en una zona de libre tránsito (lo cual no significa que no se estuviera realizando espionaje).
Igualmente, se explicó que la presencia o el paso de embarcaciones militares estadunidenses en inmediaciones con México se realizó en aguas internacionales. Coincidencias que fueran, resultan preocupantes en el escenario trumpista agresivo ya mencionado. ¡Hasta mañana!
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