Lo dicho ayer por el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, en la matutina conferencia presidencial de prensa, confirma los denunciados horrores que se han vivido en predios como el de Teuchitlán, Jalisco, pero no sólo en éste ni sólo en fechas recientes: reclutamiento engañoso o forzado (aunque pudiera haber quienes por su voluntad se enrolaran en las filas de determinado cártel), entrenamiento y adoctrinamiento (palabras extremadamente suaves para describir la deshumanización difícilmente narrable), tortura y asesinatos.
El grado en que se quiera asumir tal horror confirmado y las palabras específicas que se deseen utilizar corren por cuenta de la bandera política a la que cada quien se quiera adherir (la propia presidenta Sheinbaum ha convocado a que «cada quien saque sus conclusiones»). El secretario García Harfuch, por ejemplo, describió así parte de lo que sucedía en el rancho Izaguirre, donde los controladores del lugar «llegaron a privar de la vida a personas que se resistían al adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como les golpeaban y les sometían a torturas».
De nada de lo que acontecía en ese sitio supo oficialmente nada el entonces gobernador, Enrique Alfaro, quien, por el contrario, desestimaba o confrontaba abierta, burlonamente, los señalamientos de la existencia de un patrón de conducta criminal de «reclutamiento» de jóvenes para servir al cártel de denominación local. La pinza de la impunidad alfarista era cerrada por el fiscal de justicia que impulsó el propio gobernador llegado a nombre de Movimiento Ciudadano, sintonía de actuar que ahora mantienen el mandatario estatal en turno, Pablo Lemus, y el fiscal que también impuso para que el Congreso lo convalidara.
Del lado federal se espera que el fiscal Alejandro Gertz Manero informe las razones que le llevaron a convocar a una visita de medios de comunicación al rancho tan negativamente afamado. Por qué y para qué se motivó tan extraña incursión, que puede ser invocada por cualquier litigante de cantada violación al debido proceso judicial. A menos que tal fuera la intención, incentivar versiones periodísticas que negaran las etiquetas de «campo de exterminio» y «hornos crematorios», agregar culpas a la de por sí cargada fiscalía jalisciense y, entonces, la federal atraer el caso ya manoseado y en riesgo, acaso en ruta de enredos, retrocesos y reyertas partidistas de impacto electoral.
Lo cierto es que hay una realidad estremecedora de desaparición de personas (sobre todo jóvenes), operación sabida e impune de grupos delictivos, concentración de personas y movimientos más que sugerentes de acciones delictivas en ciertos sitios, o las fosas encubridoras de asesinatos, métodos de inhumación clandestina (que incluyen la calcinación «artesanal» y una impunidad galopante, definitoria).
Al abordar la discusión semántica sobre exterminios y crematorios que está en curso, la lingüista, escritora e investigadora Yásnaya Aguilar mencionó que se busca matizar el horror. Además, llamó la atención sobre el hecho de que Morena se niega a discutir las problemáticas del país, entre las cuales está la de las personas desaparecidas, con otros actores que no sean de la derecha: «sistemáticamente, a quienes protestan fuera del espectro izquierda-derecha o a quienes están resistiendo a los megaproyectos, al Tren Maya, a mineras, etcétera, no se les da esa voz, no hay interlocución (…) no se acepta dialogar seriamente con otros opositores que no sean de la derecha. El interlocutor favorito de Morena es la derecha» (https://goo.su/z8uUaG).
Y, mientras hoy se define si hay desafuero de Cuauhtémoc Blanco, con diputadas federales de Morena y otros partidos en rechazo a la anunciada pretensión de mantener al ex gobernador de Morelos bajo el manto protector en San Lázaro, ¡hasta mañana, bajo advertencia de que la acusación de intento de violación es sólo una de las varias que hay en contra del ex futbolista profesional, en materia de corrupción y temas igualmente sombríos!
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