Es deplorable que, en una dinámica parecida a la utilizada en el caso Ayotzinapa en el último tramo del sexenio obradorista, ahora desde el máximo poder político nacional (y sus repetidores partidistas, legislativos y digitales) se pretenda aminorar lo develado en Teuchitlán, Jalisco, desacreditar la lucha de los familiares buscadores de personas desaparecidas y estigmatizar a quienes incluso desde flancos genuinos de izquierda consideran ineludible esclarecer los grados de responsabilidad de los tres niveles de gobierno, más allá de sexenios y siglas partidistas, en la crisis nacional de desapariciones.
En la esencia de las izquierdas o el progresismo, en sus diferentes graduaciones, no está o no debe estar la pretensión de negar la realidad, acomodarla a las conveniencias partidistas circunstanciales y mucho menos agredir y difamar movimientos sociales derivados de hechos presentes, vigentes, innegables, como lo es la agresión incesante, cada vez más bárbara, de grupos o personas relacionadas con el crimen organizado contra ciudadanos a los que someten al implacable cobro de piso, al reclutamiento forzoso, al despojo de propiedades, al secuestro, la tortura y el asesinato, sin que el Estado (es decir, las instituciones públicas, los tres poderes federales y los correspondientes a los estados, los organismos autónomos como las fiscalías) sea capaz de garantizar seguridad pública, protección a los ciudadanos, respeto a las leyes, procuración e impartición de justicia verdadera.
Es, desde luego, Enrique Alfaro el principal señalado como corresponsable de primer nivel. Durante su gobierno se dedicó a encubrir irregularidades y abusos criminales de fuerzas policiacas y la fiscalía estatal. Siempre dispuesto al choque con la crítica de los medios y a las preguntas que le resultaban irritantes, embarazosas, se esmeró en mantener un estatus de connivencias, llegado a límites mayores, en una entidad que es asiento de uno de los principales poderes del crimen organizado nacional e internacional. La fiscalía jalisciense de justicia que nunca se enteró de lo que sucedía en Teuchitlán fue protegida por Alfaro, quien impulsó en su momento la titularidad de ese órgano.
Ciertamente, a las instancias jaliscienses correspondía dar seguimiento a la irrupción de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando detuvieron a 10 personas, liberaron a dos y dieron cuenta del hallazgo de armas y equipo táctico en el citado Rancho Izaguirre. Pero, además de la vigilancia, aseguramiento y continuidad de las autoridades de esa entidad en la atención de lo sucedido, hay corresponsabilidad de las instancias federales (Guardia Nacional, Defensa, Semar, Centro Nacional de Inteligencia, entre otras) que a pesar de las varias denuncias sociales sobre lo que sucedía en Teuchitlán, y los reportajes de algunos medios sobre desapariciones en Jalisco y la central camionera de Guadalajara como eje de ellas, no dieron el seguimiento adecuado.
Es evidente que personajes de la oposición partidista y electoral tratan de aprovechar las circunstancias, con oportunismo tan inocultable como merecedor de rechazo, y que los halcones del trumpismo están prestos a utilizar, para sus hasta ahora contenidos afanes intervencionistas directos, todo aquello que se sume al discurso unilateral de un narcoestado”. Pero ello no justifica el recurso de la política del avestruz desde la izquierda y sus actuales ámbitos de poder institucional.
Teuchitlán es una expresión de lo que sucede en varias partes del país, en tales términos que la nueva administración federal ha entrado en una espiral de detenciones, decomisos y acciones contra el crimen organizado, en acuerdo con Estados Unidos y por presión de Donald Trump, que en realidad es una especie de acta oficial de reconocimiento de esa realidad.
Y, mientras quienes destaparon el caso Teuchitlán denuncian que la FGR los excluye de observar las nuevas investigaciones que ahí se hagan, ¡hasta mañana!
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