Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum dará a conocer su respuesta al segmento arancelario que Donald Trump dedicó a nuestro país, en el marco de su masiva acometida comercial global. «Aceleremos el Plan México», es el título oficial asignado a la alocución que se producirá en el Museo Nacional de Antropología a las 12 del día.
A reserva de conocer los detalles de este plan, en el que tiene participación central la empresaria Altagracia Gómez, quien goza de especial estima operativa de Palacio Nacional, puede advertirse que la postura gubernamental mexicana no estaría optando por la confrontación tarifaria (ya había adelantado la Presidenta que no es partidaria del «ojo por ojo, diente por diente»), sino por una discutible incentivación de proyectos empresariales que mucho satisfacen al sector del capital, aunque en presentaciones y confecciones anteriores ha estado ausente una representación genuina de contrapartes laborales o populares.
La postura conciliadora de la parte mexicana respecto a los embates de Trump queda en espera de más precisiones de lo ayer anunciado en la Casa Blanca. En el terreno de los vehículos automotores y del aluminio y su uso en envases de cerveza hay más claridad, pero faltan detalles generales y particulares del impacto trumpiano. En primera lectura, el golpe a México no es tan grave como pudo suponerse, pero se mantiene una gelatinosa franja discrecional que puede complicarse a contentillo del déspota magnate que pretende mantener a nuestro país en permanente zozobra para conseguir más y más ganancias.
Por lo pronto, y es probable que de manera sostenida, el gobierno mexicano se mantiene en la línea de la mesura, la «cabeza fría», que le ha valido elogios en medios internacionales y una alta cuota de popularidad interna, aunque a cambio de cesiones varias en materia migratoria y de combate al crimen organizado, a reserva incluso de que se informe cuáles de las materias de la lista presentada el pasado viernes por la secretaria estadunidense de seguridad nacional serán cumplidas: más control migratorio en la frontera con Guatemala, más participación revisora de Estados Unidos en envíos aéreos a México y «compartir» datos biométricos. Aceleremos la transparencia en estos temas.
El marinismo, la corriente política encabezada o afín a quien ha sido llamado el Góber precioso, ha tenido un notable repunte con la llegada de Alejandro Armenta al gobierno de Puebla a nombre de Morena, aunque en lo sustancial se está en presencia de un reciclamiento del priísmo y de ese marinismo del que el propio Armenta formó parte relevante e incluso del grupo que dirigió el panista Rafael Moreno Valle, fallecido junto con su esposa, Martha Érika Alonso, entonces gobernadora del estado, en un accidente de helicóptero aún polémico.
La llegada de Armenta al poder poblano significó la reinserción de personajes de esas corrientes e incluso coincidió, durante el tramo de ser virtual gobernador electo (así lo declararon formalmente en septiembre y tomaría posesión en diciembre de 2024), con el otorgamiento del beneficio a Mario Marín Torres de continuar con su proceso judicial en reclusión domiciliaria.
El 10 de agosto de 2024, la jueza con sede en Quintana Roo Angélica del Carmen Ortuño ordenó que Marín dejara el Centro Federal de Readaptación Social número uno, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, estado de México, y llamado del Altiplano, para pasar a su residencia en la ciudad de Puebla y continuar el juicio por tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho en 2005, en el contexto de la denuncia de abusos sexuales a menores por parte de políticos y empresarios poderosos. Ayer, sin embargo, otra orden judicial lo regresó a prisión tradicional, en un giro que contrasta con la fuerza renovada que parece tener en el actual panorama poblano armentista-marinista.
Y, mientras se sigue enzarzando el proceso rumbo a la elección de personas juzgadoras, ¡hasta mañana!
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