La ejecución de dos colaboradores muy cercanos a la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, se ha producido en un contexto cargado de intereses deseosos de descarrilar o cuando menos distorsionar o condicionar la marcha del proceso llamado Cuarta Transformación, que actualmente avanza en la fase que se menciona como segundo piso.
Con independencia de los resultados que arrojen las investigaciones que de inmediato emprendieron las correspondientes autoridades capitalinas y federales (resultados que deben ser suficientemente confiables, para disipar especulaciones diversas), es pertinente advertir los signos y hechos que enrarecen o buscan enrarecer el escenario nacional.
En primer lugar está la línea de fuego que el trumpismo ha tendido contra México no sólo en los terrenos arancelario, acuífero, ganadero y agrícola, sino, especialmente, en cuanto a la pretensión de caracterizar a nuestro país como responsable unilateral del narcotráfico, con consecuencias inmediatas contra políticos y personajes de esa 4T y, a mediano plazo, el aliento de opciones electorales y partidistas adversas a la corriente que hoy domina la institucionalidad mexicana.
Dicha línea de fuego trumpista, que ya tiene en México a una especie de coordinador ejecutivo, el embajador boina verde, Ronald Johnson, promueve de manera abierta la posibilidad de una intervención directa en México para exterminar a cárteles criminales y sus jefes. Cual si el narcotráfico fuese sólo un asunto fuera de sus fronteras y no lo contrario, por el enorme consumo de estupefacientes en Estados Unidos y la natural red de corrupción a distintos niveles que permite la distribución y consumo, el trumpismo bélico genera condiciones de desestabilización y desasosiego (no sólo en México) como forma de dar viabilidad a sus propósitos de expansión de poder.
En lo interno, una oposición a la 4T que no ha podido producir sus propias fórmulas de crecimiento y fortalecimiento apela a la tutela ejecutiva de ese trumpismo, deseosa de que haya tal crisis en México, con la mano explícita de Estados Unidos al timón siniestro, que les abra el camino para intentar con más posibilidades de éxito el retorno al poder.
Por lo pronto, ayer hubo una mañanera tocada por el impacto del asesinato de la secretaria particular de Clara Brugada, Ximena Guzmán, y el asesor José Muñoz, con el secretario federal de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, recibiendo información y transmitiéndola poco después a la Presidenta de la República, en una escena tensa, y la propia jefa de Gobierno en una declaración dolida ante medios, lo que es parte de un proceso en el que se siembran el miedo y la confusión y se trata de fomentar el desaliento.
En Corcovada, del municipio potosino de Villa Hidalgo, se declaró ayer clausurado el proyecto que pretendían imponer dos empresas relacionadas con Ricardo Salinas Pliego. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cumplió con la revisión del caso, ordenada en especial por la presidenta Sheinbaum desde el pasado viernes, y confirmó la existencia de pruebas e indicios claros de que los empresarios estaban afectando el ambiente y la tierra ejidal sin autorización alguna.
Es interesante la vinculación expedita de lo ambiental con lo específicamente agrario. En Corcovada, aunque una asamblea de ejidatarios llegara a votar a favor de vender sus tierras al salinismo azteca, el gobierno federal reivindica la necesidad oportuna de mediciones de riesgo ambiental, punto éste que en litigios del pasado, y los acumulados al presente, suelen llevarse años para ser «detectados», con frecuencia cuando los proyectos impugnados ya están funcionando y quedan en condición castigable con multas, pero irreversible.
Incluso, debe anotarse que lo sucedido en Corcovada es un antecedente de rapidez y contundencia que puede ser invocado por otros movimientos sociales contrarios a proyectos extractivistas o denunciantes de violaciones ambientales o agrarias (uno de esos movimientos, el de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa). ¡Hasta mañana!
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