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Huachicol y narco

Por Guadalupe Correa-Cabrera

12 de mayo de 2025
in Todas las voces
Por Guadalupe Correa-Cabrera | Huachicol y narco

Por Guadalupe Correa-Cabrera | Huachicol y narco

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En últimas fechas, el tema del “huachicol” ha tomado especial relevancia por los recientes operativos en México diseñados supuestamente para erradicar esta actividad, así como por la amplia cobertura que se le ha dado al tema tanto en México como en Estados Unidos. El llamado “huachicoleo” (en sus distintas modalidades) no es nuevo, pero se ha extendido, ha evolucionado y se ha interpretado y comunicado de forma facciosa, reforzando una narrativa perversa que proviene desde el vecino país del norte. Al llamado huachicoleo se le ha relacionado consistentemente con el tema del narco y su operación y liderazgo se les han atribuido a algunos de los grupos delincuenciales que ahora se denominan “organizaciones terroristas internacionales» por el gobierno de Estados Unidos. Hoy en día, existe gran confusión respecto al término y a los actores que participan en esta actividad. La desinformación en este sentido sigue abonando a la narrativa de la administración trumpista en Estados Unidos y a la de autoridades corruptas en México (incluyendo a miembros de las fuerzas armadas) que termina atribuyendo todo lo malo a ese “fantasma todopoderoso” que llamamos “narco”.

Cuando hablamos de huachicol, es preciso diferenciar entre i) la actividad ilícita de adulterar combustible, ii) el robo de hidrocarburos y iii) el huachicoleo fiscal—siendo esta última, la modalidad principal a la que nos referimos hoy en día al utilizar el término de referencia. En el transcurso de ese siglo, se ha vinculado a organizaciones dedicadas al narcotráfico con este concepto, aduciendo a la diversificación de actividades criminales que trajeron con su modelo Los Zetas—y que ahora se extiende a muchos otros grupos delincuenciales mexicanos (CJNG, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, etc.). El atraco a la nación por parte de distintos grupos criminales que se dedican al huachicoleo (en sus distintas modalidades) es estratosférico. Por otro lado, la explicación en medios nacionales e internacionales sobre estas actividades y sus responsables principales no hace mucho sentido, si atendemos a las capacidades reales de los narcos y al papel efectivo que podrían estar jugando empresas transnacionales en el sector de los hidrocarburos (muchas de ellas localizadas en Estados Unidos), autoridades gubernamentales corruptas en ambos lados de la frontera y, en particular, miembros de las fuerzas armadas de México.

En tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no es posible pensar en la participación estelar de los narcos y menos en su liderazgo absoluto al explicar el robo masivo de combustibles e hidrocarburos en general—particularmente de gas condensado en la era calderonista y de gasolina en los años de Peña Nieto (en el marco de la reforma energética). La simple lógica nos lleva más bien a pensar en la participación de personal de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) en contubernio con—o al menos con el conocimiento de—las fuerzas armadas, quienes están encargadas de supervisar la infraestructura estratégica en el país. No es posible pensar que los señores del narco que son arrestados—y en ocasiones extraditados a Estados Unidos—como Osiel Cárdenas, los Z-40 y Z-42, el Mayo Zambada, los Chapitos y demás—tuvieran la capacidad técnica de operar robos de instalaciones de Pemex de la magnitud en que se dieron, sin el conocimiento o participación de personal especializado de PEMEX. Mucho menos se puede pensar en estas operaciones de grandísimo calado sin la participación directa o indirecta de miembros de las fuerzas armadas mexicanas, considerando el papel clave que juegan en la supervisión de las instalaciones de donde provienen los hidrocarburos robados.

Parece ser mucho más conveniente centrar la atención en el narco—que es un ente etéreo, con liderazgo desechable y huellas no rastreables—que en las autoridades gubernamentales corruptas a todos niveles y en una red de crimen organizado muy compleja que incluye a empresarios transnacionales del sector de la energía y a toda una serie de intereses políticos y económicos que operan a todos niveles en México. Esta situación continúa en una modalidad ligeramente distinta durante el obradorismo y se extiende hasta nuestros días. López Obrador combatió aparentemente de manera feroz este delito, pero lo único que parece haber logrado es su evolución y la participación de nuevos actores en modalidades alternativas. A partir de 2019, el huachicoleo fiscal se convierte en la forma principal de delinquir en el sector de los hidrocarburos en México. También, a partir de este momento, las fuerzas armadas extienden de forma exponencial sus capacidades y se hacen cargo de los puertos y aduanas del país.

El huachicoleo fiscal que nos compete se refiere a la importación ilegal de gasolinas a través de una práctica que permite a algunas empresas ingresar combustibles al país utilizando clasificaciones arancelarias incorrectas, con el fin de evadir impuestos. Los recientes operativos en contra del huachicoleo fiscal encabezados por la administración de Claudia Sheinbaum nos dan cuenta del grandísimo alcance de esta actividad delictiva que se extiende a lo largo de la frontera—desde Matamoros hasta los puertos de Baja California. Todo ello operó en total calma y sin mayor investigación durante el período de López Obrador. Además, se recreó de forma masiva precisamente en el tiempo en que la SEDENA tomó el control de las aduanas y los puertos del país. La práctica del huachicoleo fiscal no es nueva, pero parece haberse extendido exponencialmente durante el sexenio pasado, con el conocimiento—o quizás con la venia y participación—de personal de las fuerzas armadas que supervisan supuestamente los puntos de entrada de la gasolina y el diésel.

Los operativos de la actual administración dan cuenta con toda claridad de la dimensión de este crimen y su expansión reciente. Las detenciones de empresarios vinculados a esta actividad ilícita son numerosas. Supuestamente, la mayor parte han estado relacionados con miembros del narcotráfico mexicanos. Por ejemplo, así se reporta esta práctica en la prensa internacional: “Ante la amenaza de Trump al tráfico de fentanilo, los cárteles mexicanos se lanzan al contrabando de petróleo”. Según estas narrativas, todo parece estar operado por el narco. Pero la realidad nos supera y plantea un esquema mucho más complejo que involucra la participación directa y primordial de los nuevos guardianes de las aduanas, empresarios y políticos de todos niveles en México, así como de las empresas transnacionales de energía que mantienen centros de operación en Estados Unidos. Es mucho más conveniente alegar desconocimiento y culpar al fantasma del narco para evadir la responsabilidad de operaciones multimillonarias mafiosas que no pueden explicarse sin el contubernio entre políticos y empresarios a los más altos niveles.

Las investigaciones hasta la fecha llegan a empresarios de nivel medio y bajo que tienen supuestamente relación con organizaciones delincuenciales ahora denominadas como terroristas—como el Señor de las Pipas o el Señor de los Buques que operan con jefes de cárteles, tales como el «El Primito» Morfín y sus hermanos. Lo anterior abona a la narrativa de Trump centrada en la capacidad extraordinaria del narco. Si bien hay una relación real del huachicoleo con miembros de estos grupos delincuenciales, no parece ser el caso que los protagonistas sean los narcos. El tipo de delincuencia organizada del que hablamos involucra también, aparentemente, a personal de la SEDENA, a empresas de energía estadounidenses (refinerías, por ejemplo) y a políticos relevantes de todo tipo en México. Si a alguien esto no hace sentido, recomiendo revisar el caso de los “hermanos Carmona” en el noreste mexicano y su aparente relación con políticos relevantes del “partido en el poder” a nivel federal y en el estado de Tamaulipas donde prevalece la actividad huachicolera—con total impunidad—desde hace ya muchos años. Todos y cada uno de los actores de esa red son los miembros reales del crimen organizado. Es mucho más sencillo y conveniente—para todos, incluyendo al gobierno de Estados Unidos—referirse a estos actores simplemente como narcos.

(GC/AM)

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