Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, cuya titular es Mariana Boy Tamborrell) detectaron ayer en Corcovada, una comunidad del municipio potosino de Villa Hidalgo, más de 40 formas de violación legal (en diverso grado) cometidas por empresas ligadas a Ricardo Salinas Pliego.
Cemat Constructions e Inkazteca Drilling de manera imperiosa pretendían comprar terrenos ejidales para instalar un negocio de materiales de construcción, con posibilidad de extenderse a la actividad minera, en términos tan ventajosos y peligrosos que pobladores y campesinos se organizaron para impedir las maniobras tramposas.
Tal como se había denunciado formalmente desde el movimiento de resistencia contra el negocio salinista, en la zona ejidal se encontraron pruebas de los preparativos del negocio cementero y minero, sin conocimiento ni autorización de los ejidatarios: 43 perforaciones en el suelo, zanjas y acomodos del terreno, remoción de vegetación, entre otros puntos. Cuando esté el informe oficial del caso se valorará si son procedentes las sanciones pecuniarias e incluso denuncias por delitos ambientales.
La pinza ambiental coloca en situación difícil a los empresarios señalados como parte de usuales estrategias del Grupo Salinas, pues un día antes la Procuraduría Agraria, cuyo titular es Víctor Suárez Carrera, había hecho saber a ejidatarios que no tendrían validez ni la realización ni los acuerdos de quienes intentaban celebrar una asamblea propicia para los planes de la cementera y la minera.
La decisión de frenar un negocio tóxico más del portafolio Salinas Pliego fue tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto de las movilizaciones en la región, el activismo en el que destacaron los Guardianes de la Sierra de San Miguelito (el abogado Carlos Covarrubias, uno de ellos) y los trabajos periodísticos de Pie de Página (Alejandro Ruiz) y Astrolabio (Estela Ambriz, Victoriano Martínez y Alejandro Rubín de Celis).
Sabida la vocación de litigio eterno que practican los abogados del Grupo Salinas, es de preverse que se presentarán recursos legales (por lo demás, en todo su derecho) contra los actos realizados por la Procuraduría Agraria y la Profepa. Es probable que aun cuando en el terreno de lo agrario hubiera más materia de controversia, el proyecto podría ser cerrado sin más alternativa por las violaciones ambientales ya documentadas.
Lo que sucede en Corcovada forma parte de los problemas que enfrentan el Grupo Salinas y su principal accionista, Ricardo Salinas Pliego. Entre otros, y de manera destacada, el largo diferendo jurídico respecto a impuestos. El empresario, que en sus cuentas tiene a Televisión Azteca, ha desplegado, en consonancia ascendente con sus problemas y la evidencia de que no contará con impunidad, una campaña de posicionamiento político «opositor», pretendiendo asumirse como una especie de «Milei» rupturista, eventual candidato presidencial de derecha y ultraderecha (cultiva relaciones políticas con el colaboracionista Eduardo Verástegui) que critica duramente a los «gobiernícolas» de los que se sirvió durante décadas.
En ¿otro? tema: al reunirse con la presidenta Sheinbaum, luego de presentar sus cartas credenciales como embajador trumpista, el coronel en retiro Ronald Johnson declaró que trabajará «de la mano» de ella, en específico en asuntos de seguridad, protección de la frontera y migración.
Como es natural en este tipo de encuentros diplomáticos, se produjeron declaraciones protocolarias, plenas de lugares comunes. Lo cierto es que Johnson, quien ha sido agente de la CIA, es el embajador de Estados Unidos en México más amenazante en décadas; no sólo por su perfil en sí (que sería suficiente), sino, de marcada manera, por el proyecto intervencionista del trumpismo que de manera puntual representará en nuestro país (acciones de manual: desestabilización, provocaciones, siembra de problemas, división interna, incremento de la violencia). ¡Hasta mañana!
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