La maquinaria de Morena (a medio gas, respetuosa de la línea federal acordeonista a cambio de privilegios a poderes en los estados) impulsó notablemente la elección de la mayoría de los próximos ocupantes de los asientos de la Corte, que van en consonancia conceptual y operativa (en diversos grados) de la llamada Cuarta Transformación.
Derivada en parte de tales acordes motrices se produjo la súbita colocación en las marquesinas de Hugo Aguilar Ortiz, quien de la Coordinación General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (desde 2018 hasta que se postuló para la elección de este domingo, propuesto por el Poder Ejecutivo Federal) pasó a ser el aspirante más votado (al menos, hasta las 7 de la noche de ayer) y, por tanto, probable ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://goo.su/1iWAW). La candidatura inmediatamente más cercana, en esa carrera por la citada presidencia, era anoche la de Lenia Batres Guadarrama, nombrada en diciembre de 2023 por el entonces presidente López Obrador como ministra de la misma Corte.
Además de Batres, según la votación computada, a partir de 80 por ciento de las actas, estarían en la Corte tres piezas totalmente 4T: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz (ambas, también ministras en busca de continuidad) y María Estela Ríos, ex consejera jurídica con AMLO. Sara Irene Herrerías, con historial distante al pretendido con la reforma, sería la quinta ministra. Notable es que no avanzaron Marisela Morales, Paula María García-Villegas Sánchez-Cordero y Zulema Mosri.
Con Aguilar Ortiz quedarían, de confirmarse las tendencias, otros tres propuestos por el Poder Ejecutivo Federal: Giovanni Azael Figueroa Mejía (académico de la Universidad Iberoamericana), Irving Espinosa Betanzo (magistrado anticorrupción en CDMX) y Arístides Rodrigo Guerrero García («más preparado que un chicharrón»). Quedarían fuera: Isaac de Paz, César Mario Gutiérrez Priego y Federico Anaya.
Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció que visitará la Bahía de Ohuira (Ahome, Sinaloa) para escuchar a las cuatro comunidades de indígenas, pescadores y pobladores afectados directamente por una planta productora de amoniaco (meta: 2 mil 200 toneladas diarias de ese gas, sumamente tóxico y peligroso, para producir fertilizantes), la cual rechazan activamente. Este fin de semana envió personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para inspeccionar y evaluar, y en unas cuantas semanas estará en la citada bahía.
La secretaria señaló que es de su preocupación cuidar el humedal (declarado bajo protección por convenio internacional) donde se desarrollan ya construcciones como parte de siete proyectos industriales en el contexto de los «polos de desarrollo» que ha anunciado la presidenta Sheinbaum. Bárcena considera que «los polos de desarrollo no pueden ir más allá de la normativa ambiental» y, en cuanto a Ohuira, asegura que «si se viola la normativa, clausuramos o sancionamos», pues «las comunidades son una prioridad» (https://goo.su/4DfWHD).
La planta productora de amoniaco en la bahía de Ohuira es un proyecto impulsado desde 2014 por el entonces gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, y su sombrío secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, en alianza con Francisco Labastida Ochoa, que fue gobernador y candidato presidencial priísta. Vargas Landeros, principal pieza del negocio, fue presidente municipal de Ahome, a donde pertenece la bahía, y el pasado 2 de mayo el Congreso le retiró el fuero, acusado de corrupción por 171 millones de pesos por renta de patrullas, fue detenido y luego liberado en espera de que este miércoles un juez defina su situación legal.
La empresa del caso es Gas y Petroquímica de Occidente de México, filial de la compañía suizo-alemana Proman AG, que cuenta con financiamiento del Banco de Crédito para la Reconstrucción en Alemania, aun en contra de sus directrices (recolección de firmas contra el proyecto: https://goo.su/5AVjb).¡Hasta mañana!
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