La enorme fuerza electoral e institucional que ha ganado Morena implica, entre otros retos, la obligación de impulsar las libertades ciudadanas, incluso a extremos que a algunos de sus integrantes de élite pudieran parecerles excesivos.
Llegar al poder, con la amplitud lograda sobre todo a partir de 2024, conlleva la posibilidad de realizar reformas profundas (lo cual, salvo en el discutible caso de lo judicial, no se ha hecho, y en lo adelantado hasta ahora en cuanto a leyes y procedimientos electorales parece menor). Pero también, y sobre todo, la obligación de evitar represalias o venganzas desde esas cúpulas dominantes; una auténtica regeneración nacional que no repitiera esquemas autoritarios del pasado ni se ensañara «legalmente» con los adversarios.
El anterior presidente, López Obrador, y la ahora presidenta, Sheinbaum, han sido insistentes en no prohibir, en no reprimir. Y vaya que ambos han sido objeto de acusaciones y señalamientos excesivos, infundados, hirientes. No está de más recordar que en términos judiciales se ha establecido que las personas que ocupan cargos públicos deben asumir que su umbral de tolerancia a las críticas es más amplio, menos punitivo.
En ese contexto resulta no sólo chocante sino muy preocupante la secuencia de actos de morenistas empoderados que han exhibido formas de castigo a ciudadanos que les han sido adversos.
Un presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, escuchando a su lado la disculpa obligada de una persona que le había criticado y enfrentado y, según se señaló, habría realizado actos físicos contra el legislador.
Una muy criticable gobernadora, Layda Sansores, haciendo castigar a un periodista, Jorge Luis González, y al medio Tribuna, a tal grado que, en un episodio aberrante, se les han impuesto ¡interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar qué pueden publicar, con prohibición expresa de referirse a la virreina colorida!
En Puebla, el autoritario gobernador Alejandro Armenta haciendo maromas legislativas para que se sostenga la llamada «ley censura», que penaliza el «ciberasedio». En Tamaulipas, desgobernada por Américo Villarreal, la orden judicial contra el columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, para exigirles que retiren un texto crítico de una juzgadora oficialista, encaminada a presidir el tribunal estatal de justicia. Y la sanción a una sonorense, Karla María Estrella, por criticar las marrullerías y arreglos hechos para asignar una candidatura, por el allanado PT, a la ahora diputada federal Diana Karina Barrera, esposa del influyente diputado directivo de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.
¿Qué se busca con todo esto? ¿Por qué la secuencia represiva de morenistas empoderados?
Rosendo Gómez Piedra nunca debió ser nombrado titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Sin experiencia en la defensa de los derechos humanos o las causas sociales y allegado al grupo de Adán Augusto López Hernández (durante cuyo mandato fue presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje), fue habilitado en la delicada fiscalía especial para romper y estancar el avance de las indagaciones en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero, sobre todo, para impedir que el curso de esas investigaciones pudieran afectar al poder militar, convertido en muralla infranqueable. Añádase que Gómez Piedra con frecuencia mostró voracidad presupuestal (acusado de corrupción), proclividad al abuso y capacidad para no hacer nada positivo.
Para desmontar lo avanzado se destituyó al fiscal especial que contaba con la confianza de los familiares de los 43, Omar Gómez Trejo, a quien de manera infame se acusó y empujó a un virtual exilio. Ahora, a estas alturas, despedir del puesto a Gómez Piedra es un tema menor: el daño sustancial ya está hecho. Llega al relevo una pieza cercana a la consejera jurídica presidencial, Ernestina Godoy. ¿Se podrá restaurar algo o seguirá la feria de la simulación? ¡Hasta el próximo lunes!
X: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
