El negocio del agua potable está entregado en Puebla a grupos empresariales que han tejido una oscuridad accionaria que impide precisar a los verdaderos dueños de Concesiones Integrales SA de CV, una firma que en diciembre de 2013, apenas a unos días de haberse constituido, recibió esa especie de regalo de parte del panista, entonces gobernador, Rafael Moreno Valle.
En el embrollo relacionado con la empresa conocida como Agua de Puebla para Todos han aparecido referencias a Monex, el grupo financiero que en 2012 fue utilizado por la mapachería priísta mediante tarjetas y monederos electrónicos para triangular fondos y operaciones directas relacionadas con las tareas electorales del partido tricolor. Ese financiamiento encubierto y delictivo de la «acción electoral» priísta fue fundamental para la llegada fraudulenta del ex gobernador del estado de México a Los Pinos (ese fraude se llevó a cabo de manera distinta al cometido en 2006 por Felipe Calderón; fue un fraude priísta fundado en el despilfarro de fondos provenientes del «sindicato de gobernadores» afines a Peña Nieto, y de flujos oscuros luego premiados).
También han aparecido, en los vaivenes accionarios de esa muy redituable concesión, nombres de la familia Gutiérrez Cortina, relacionada con Carlos Salinas de Gortari, y el Grupo Industrial Hermes, de Carlos Hank Rhon, hijo del profesor que ocupó importantes cargos gubernamentales a la par que construyó una de las principales fortunas del país (información más amplia, de la que se ha nutrido esta columna, en Nodo de Derechos Humanos: https://goo.su/Wuv4G).
Agua de Puebla para Todos ha sido continuamente señalada de irregularidades graves y de cobrar tarifas elevadas y abusivas. Más contundente fue en su momento (mayo de 2024) el entonces candidato de Morena al gobierno del estado, Alejandro Armenta: «Si jurídica y económicamente no representa un daño económico a Puebla, vamos a echar abajo la concesión leonina, ineficiente, de Agua de Puebla, porque fue el robo más grande que le han hecho a Puebla junto con el Museo Barroco y las plataformas de Audi» (https://goo.su/SOSApL).
Las palabras de Armenta se dirigían a su contrincante por el mando estatal, el panista Eduardo Rivera, quien fue presidente del municipio de Puebla cuando se otorgó la concesión de referencia. Ahora es la propia empresa del «robo más grande» a Puebla la que ha denunciado a Renato Romero, uno de los principales activistas en defensa del agua y, en general, del medio ambiente y, por ello, se le detuvo el martes por la mañana, se le mantuvo «desaparecido» durante horas e incomunicado hasta ayer que le permitieron hablar durante 10 minutos con su abogado.
Renato Romero ha sido un organizador e impulsor de la resistencia cívica contra las Granjas Carroll que en Totalco, municipio de Perote, Veracruz, han sido acusadas de «contaminación de acuíferos, destrucción ambiental y despojo de comunidades». La aprehensión de Romero se produjo «un año y 10 días después de que policías de la Fuerza Civil del estado de Veracruz (gobernado entonces por Cuitláhuac García, de Morena) atacaron a la población del pueblo de San José del Limón, asesinando a dos campesinos y golpeando a vecinos y allanando domicilios de manera extremadamente violenta. Por estos hechos sólo fueron detenidos dos policías, pero nunca los mandos y los funcionarios responsables del operativo» (Rocío Heredia, en Avispa Midia: https://goo.su/ltZNCY).
La acusación contra Romero, por despojo agravado y daño en propiedad ajena, presentada por Agua de Puebla para Todos, trata de castigar y amedrentar (hay órdenes de aprehensión contra otros activistas) a quienes se han opuesto a las maniobras de esa poderosa empresa concesionaria, ahora apalancada por los mismos políticos, ya en el poder estatal, que antes la denunciaban. ¡Hasta mañana!
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