La Contraloría Gubernamental de Tamaulipas, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, aclaró que el único instituto que se extingue en el estado es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas (ITAIT), luego de los rumores que apuntaban a la presunta eliminación de estos organismos por una modificación a la Ley de Entidades Paraestatales del estado.
La Contraloría indicó que se realizó un análisis exhaustivo de los decretos emitidos por el Congreso de Tamaulipas, relativos a la Ley de Transparencia, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Respecto a la reforma a la Ley de Entidades Paraestatales, aclaró que ninguna entidad paraestatal del Poder Ejecutivo se extingue, y se confirma que sus titulares conservan el carácter de directores generales.
«De igual forma, se hace del conocimiento público lo dispuesto en el artículo 20, numerales 1 y 2, de la citada ley, que establece lo siguiente: Artículo 20. 1. La Dirección General o Dirección tiene a su cargo la administración de la entidad paraestatal; 2. La persona titular de la secretaría que tenga la coordinación del sector, previo acuerdo con la persona titular del Ejecutivo, determinará el nivel jerárquico con el que contará la persona titular de la entidad paraestatal, en función del presupuesto asignado, las responsabilidades conferidas, volumen de trabajo y el número de personas servidoras públicas adscritas», señaló.
El ajuste responde a la reforma Constitucional en materia de simplificación orgánica la cual ordena la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como de los organismos garantes en las entidades federativas que garantizan una forma de organización más eficiente y de mejor uso de los recursos.
«Con base en las nuevas disposiciones de legislación secundaria, las atribuciones del ITAIT serán asumidas por los nuevos entes garantes en el estado. En el caso del Poder Ejecutivo, dichas funciones serán responsabilidad de la Contraloría Gubernamental, a la par de la creación del órgano desconcentrado ‘Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas’, y la Contraloría Gubernamental cambiará su denominación a ‘Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno’, en un proceso de homologación con la estructura federal», mencionó Norma Angélica Pedraza Melo.
De acuerdo con el Congreso de Tamaulipas, la modificación aprobada tiene como finalidad hacer más eficiente el ejercicio del gasto público y establecer criterios más justos y proporcionales en las remuneraciones de quienes encabezan estos organismos.
Hasta antes de la reforma, abundó, todos los titulares de los OPD tenían automáticamente el rango de Directores Generales, lo que implicaba percepciones salariales iguales, sin distinción alguna respecto al tamaño, funciones o responsabilidades del organismo a su cargo.
Aclaró que la reforma no afecta en lo absoluto la existencia legal de los organismos, ni su operación, ni sus objetivos, ni su presupuesto operativo: simplemente se corrige un criterio generalizado que no distinguía entre la complejidad y relevancia de cada entidad.
La reforma permite que el nivel jerárquico y el sueldo del titular se ajusten a la capacidad administrativa de cada organismo.
En Tamaulipas, para que un OPD sea eliminado, tendría que derogarse formalmente el decreto de creación o las disposiciones legales que le dan vida.
«Eso no ha ocurrido ni está contemplado», señaló el Congreso local en un comunicado.
