El acoso judicial en contra de periodistas y medios de comunicación muestra una tendencia a la alza en nuestro país y es importante condenar todas las acciones que atentan contra la libertad de expresión. Con todo, tampoco hemos encontrado elementos para defender aquellas prácticas periodísticas que carecen de rigor y que, en buena medida, han sido sujetas del escrutinio público y del cosquilleo de audaces miembros de la política.
Asuntos como el de Dato Protegido en Sonora o el de radios comunitarias, medios de comunicación y periodistas en Veracruz, Campeche y Ciudad de México, son evidencia del abuso y la interpretación equivocada que se le da tanto a la difamación y como a la violencia política en razón de género, por lo que no es de extrañarse esta preocupación sobre actos que de inicio se muestran como una legítima defensa, pero que en suma, están más encaminadas hacia el silencio y la censura tanto para periodistas como para la población en general.
En este escenario, los defectos de la práctica periodística se han vuelto más evidentes y la bandera de la libertad de expresión no siempre alcanza para cobijarlos. Estas carencias le han servido a los agentes de poder para amplificar sus abusos contra la prensa, en donde los cambios en las dinámicas de la producción y difusión noticiosa no han encontrado un espacio para su optimización y con ello, la inmunidad ante dichos ataques.
El caso más reciente lo contemplamos la semana pasada con la publicación de una nota en el diario español de derecha ABC, (un equivalente a Reforma de México) en donde adelantan los planes de la académica Beatriz Gutiérrez Muller de mudarse a un exclusivo barrio de la capital de aquel país junto con su hijo, quien a su vez estaría matriculado ya en la Universidad Complutense de Madrid, evidenciando la incongruencia de la familia del expresidente López Obrador, quienes reiteradamente solicitaron las disculpas de España a México por las atrocidades cometidas durante la conquista y la colonia.
La nota fue replicada en los medios mexicanos, tomando como cierta la información del periodista Joan Guirado, del diario ABC, y fue entonces cuando se encendió el “periodistómetro” para determinar la veracidad del asunto. Lo cierto es que el periodista se basó en una fuente sin nombre, apellido y ni orígenes claros. Tanto en la nota como en su posterior defensa en medios mexicanos, el periodista alude a una supuesta fuente diplomática en España, quien le habría filtrado la información y a quien le otorgó un voto de confianza, mismo que al parecer resultó defraudado.
Las máximas para cualquier periodista, novato o experimentado, es la verificación de la información, el contraste de las fuentes y, por sobre todas las cosas, nunca publicar rumores o chismes, aun cuando la fuente parezca ser confiable. Nuestra labor como periodistas no es la de servir únicamente como interlocutor entre la fuente y la audiencia, sino el de investigar, encontrar la evidencia y comprobar si los dichos realmente tienen sustento, especialmente cuando se trata de temas sensibles o de los cuales no tenemos control.
Tras el desmentido por parte de Gutiérrez Muller y ante la notoria falta de rigor periodístico, ya se plantea la posibilidad de una demanda por parte de la afectada, quien estaría en todo su derecho de defenderse. Si esto ocurriera, estaríamos presenciando un caso más de la utilización de recursos legales en contra de medios de comunicación y periodistas.
Nos cuestionamos entonces si es correcta la utilización de querellas judiciales para combatir la desinformación, ante un evidente (también) incremento de rumores y noticias falsas o sin verificar que tiene empantanado a los medios de comunicación y quienes suelen utilizar las redes sociales para mostrar sus puntos de vista. Sin duda la respuesta debería ser no.
No obstante, las noticias falsas y las prácticas periodísticas deficientes y carentes de valores profesionales siguen existiendo y son publicadas con una sensación de descaro en la que quizá nuestra atención no está tan focalizada. Parece que como audiencias estamos desamparados ante medios de comunicación y prácticas periodísticas que se niegan a ofrecer contenidos de calidad, al mismo tiempo que las figuras de la política mexicana se valen de los defectos del periodismo y de las propias leyes.
La deficiencia del periodismo ha sido motivo para asistir al desprestigio de las estas grandes figuras de la comunicación como Anabel Hernández (recientemente sentenciada por uno de sus libros de ficción) o el de Carlos Loret de Mola, a quien incluso la audiencia le ha colocado célebres apodos en referencia a los supuestos montajes o narraciones telenovelescas que ha presentado en sus espacios informativos.
El problema radica en que el exceso de información falsa puede desalentar el interés por la participación de las personas en los asuntos de la esfera pública de su país y en donde el periodismo ya no es una fuente confiable para la formación de audiencias críticas y analíticas de su entorno.
En consecuencia, podríamos decir que nos encontramos dentro de la famosa fábula de “Pedro y el lobo”, en donde con frecuencia recibimos información truqueada y que a posteriori seremos incapaces de identificar cuando realmente exista un caso que amerite ser investigado, juzgado y señalado tanto por la población como por las autoridades.
En conclusión, seguirá habiendo miembros de la política que, inocentes o no, buscarán defenderse y utilizarán todas las herramientas que estén a su disposición para silenciar a las voces que le sean incómodas. Es por ello que además de clamar por el cese de los abusos de poder, es necesario que el periodismo busque un blindaje que solamente puede llegar a través de prácticas éticas y profesionales intachables, es decir, con información verificada, con las pruebas en la mano y, por correspondencia, con el respaldo de su audiencia.
(LL/AM)
