Tres hechos subrayaron ayer la debilidad institucional del Estado mexicano ante la virtual campaña bélica desatada en su contra por Donald Trump:
1: la aceptación de que, violando la Constitución y al amparo de una ley secundaria (de seguridad nacional) interpretada con fórceps, México entregó al país vecino a 26 personas porque acá no hay capacidad para impedir que sigan cometiendo delitos desde las cárceles.
2: los enredos entre piezas de primerísimo nivel (la Presidenta, el fiscal federal y el secretario de Seguridad) para precisar si la inconstitucional entrega fue a petición (con tufo a emplazamiento ineludible) de Washington: la primera dijo que no, el segundo que sí y el tercero originalmente había dicho que sí.
Y 3: la tropezante intención de hacer parecer como decisión soberana, solicitud por estrategia propia, el ostentoso y prolongado vuelo sobre el estado de México de lo que se dijo es un dron de Estados Unidos, que no sería militar, pero estaría cumpliendo funciones no especificadas; eso sí, “a petición de México”, con Tejupilco, zona de influencia de capos de La familia michoacana, como aparente objetivo.
El primer punto muestra a un gobierno y un Estado incapaces de mantener bajo control su estructura penitenciaria, sabidamente bajo control de grupos delictivos, que desde esos centros de reclusión operan como gerentes de grandes negocios criminales. Al reconocer que no puede mantener gobernabilidad y respetabilidad de las leyes en esas prisiones, México opta por delegar esa responsabilidad en Estados Unidos, y lo hace exhibiendo menosprecio por su propia legalidad, con argumentación “jurídica” bananera.
El segundo punto tiene de contexto ineludible la constante presión de la Casa Blanca para que le sean entregadas cuentas firmes de combate al crimen organizado en México. La “entrega” de 26 delincuentes es una suerte de ofrenda al insaciable Donald, que exige tributo y sacrificios, entre contradicciones declarativas de las tres principales piezas del poder mexicano involucradas y el madruguete de las instancias gringas, que dieron a conocer detalles y los nombres de los 26 “trasladados”, mientras en México no había tales precisiones informativas.
Habrá de verse si el tercer punto constituye el avance, el adentramiento más impactante, hasta ahora, de la estrategia belicista de Estados Unidos contra México. Ya no son solamente las embarcaciones con equipamiento de punta en materia de inteligencia y recopilación de datos, como las que han rondado, desde aguas internacionales, las cercanías de zonas críticas, como Sinaloa y Baja California; tampoco se trata de vuelos de aviones de espionaje con capacidad de operar desde alturas no reguladas por México: ahora ha sido un dron “no militar”, aseguró el secretario García Harfuch.
La imprecisión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es preocupante. ¿Por qué un dron militar de Estados Unidos sobrevoló durante horas áreas del estado de México?, se le preguntó. Y trató de driblar: “No es un dron militar, no. Es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que llevan, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano”. ¿De “alguna institución” gubernamental? ¿Ni siquiera se pudo especificar cuál institución, mucho menos por qué o para qué?
Trump está haciendo resonar con más fuerza los tambores de guerra, no sólo los comerciales (aranceles y barreras no arancelarias) y los relacionados con el crimen organizado: golpe al turismo al declarar que la inmensidad del país no debe ser visitada por los riesgos criminales que entraña (sólo Campeche y Yucatán están en rango de bajo riesgo); presumida intromisión abierta en detenciones de criminales en Aguascalientes y el nuevo objetivo en la mira, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual podría llevar a esta zona del país a circunstancias parecidas a las de Sinaloa con su cártel. ¡Hasta mañana!
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