La salida de Pablo Gómez Álvarez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda propiciará en dicha unidad una mayor injerencia o control de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública que cada vez tiene más poder en cuanto pieza casi única de primer nivel del gabinete federal con sello claudista pleno y, sobre todo, en cuanto ha ido cumpliendo sin miramientos la tarea de difuminar la política obradorista de abrazos, no balazos, lo cual le ha permitido ofrendar a su jefa expedientes que acalambran a personajes 4T no alineados al nuevo mando y, a la par, tejer una alianza que espera que sea muy redituable en términos personales en algún futuro electoral (2030) con las agencias y autoridades estadunidenses de combate al crimen organizado en México.
Para entrar al relevo en la UIF se ha mencionado a Omar Reyes Colmenares (quien fue subsecretario de Sistema Penitenciario con García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y ahora es titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social en la secretaría federal).
Ya sea con Reyes Colmenares o con otro personaje de similitud grupal, se confirmaría que el máximo jefe policiaco nacional se habría quedado con el manejo de la estratégica oficina que debe vigilar todo lo relacionado con el lavado de dinero (lo que no se hizo o al menos no se reportó públicamente en el caso de tres instituciones financieras, entre ellas Vector, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la oficina del entonces presidente López Obrador), pero no sólo con dicho acervo informativo, tan útil para tratar de satisfacer exigencias trumpistas, sino, también, con el manejo político de premios y castigos que puede derivarse de manera discrecional del conocimiento de tales secretos.
Gómez Álvarez, por su parte, pasa a un encargo que no es menor: organizar la propuesta presidencial de reforma electoral. El ex dirigente estudiantil del 68 tiene amplia experiencia política, pues ha sido militante y dirigente partidista, siempre desde la izquierda (en el Comunista Mexicano, el Socialista Unificado de México, el de la Revolución Democrática y en Morena), y, en varias ocasiones, legislador federal. Conoce las dificultades de quienes han estado en la oposición para ser escuchados y atendidos eficazmente en un sistema con pretensiones democráticas.
Así que el encargo que le ha hecho la presidenta Sheinbaum podrá correr por cualquiera de dos vías excluyentes: con la aplanadora legislativa derivada de la mayoría calificada con la que cuenta Morena, y a semejanza de otras iniciativas reformistas (la más reciente, la relacionada con lo judicial), imponer una nueva normatividad electoral que en los hechos beneficie a la llamada Cuarta Transformación y trate de consolidar una larga estancia en el poder, haiga de ser como haiga de ser.
O generar un cambio profundo, con visión de Estado, que apunte a terminar con los graves vicios que hasta ahora han acompañado al sistema de partidos y elecciones (los profundos, no sólo la cosmética de lo plurinominal), eliminando en lo más posible el efecto corruptor, virtualmente institucionalizado, del dinero sucio en las campañas, abriendo camino a candidaturas independientes con viabilidad para acabar con el negocio de los partidos y sus camarillas, y rediseñando sin espíritu faccioso el Instituto Nacional Electoral y el también deplorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (acentuado el sometimiento grupal del TEPJF con todo y la reciente elección en el marco judicial).
Y, mientras la Presidencia de la República confirma lo que han denunciado activistas respecto a la presunta detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las dueñas de la Guardería ABC de Hermosillo, que en junio de 2009 se incendió, lo cual causó la muerte de 49 niños y heridas en 106, ¡hasta mañana!
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