Dado que hoy se realizará la audiencia en Nueva York en la que Ismael Zambada, El Mayo, se declarará culpable de algunos de los cargos que le han presentado en Estados Unidos, y pasará a ser colaborador de las líneas acusatorias que el gobierno de este país considere adecuadas, la fiscal general Pamela Bondi, Pam, ofrecerá una conferencia de prensa para precisar los alcances que podrá tener ese giro judicial.
La rendición declaratoria de El Mayo implica la muy alta probabilidad de que se le utilice para enfilar denuncias mediáticas y, en lo posible, acusaciones formales, contra políticos y gobernantes de México de todos los niveles de gobierno, correspondientes a cuarenta años de impune actividad de Zambada, periodo en el que personajes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Morena han ejercido el poder presidencial y han conformado sus respectivos gabinetes de seguridad.
El inmediato asomo a escena de la procuradora Bondi muestra una avidez por dar al episodio judicial de El Mayo la dimensión política deseada por la administración Trump. Es decir, el mensaje seco de que se contará con testimonios negociados con Zambada que podrían impactar a políticos de las temporadas PRI-PAN pero, sobre todo, del pasado reciente, el obradorista, y de la actualidad claudista, en el contexto de la guerra desde diversos flancos que la Casa Blanca mantiene en busca de doblegar a México en cualquier intento de soberanía básica que a Palacio Nacional le moviera (más allá de lo retórico).
El uno-dos, Zambada-Bondi, se produce en horas de acoso militar absoluto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que constituye un paso exploratorio del alcance y posibilidades de golpes organizados desde Washington contra gobiernos extranjeros que no le son afines, con la vista puesta en recursos naturales como el petróleo. Nada bueno puede esperar ningún país de los “salvamentos” de Estados Unidos, así se disfracen de guerra contra el narcotráfico o “defensa de la democracia”.
Un juez de amparo ha determinado que se reabra el caso de la muerte de Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, ex diputado local por Morena en San Luis Potosí y activista en pro de diversas causas sociales.
Para formalizar tal reapertura se ha citado a audiencia judicial hoy por la mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que estarán presentes Miriam Martínez Vargas, esposa que fue de Pedro, la defensora de derechos humanos Frida Guerrera y el cineasta y periodista Adriano Mérola Marotta.
La desaparición y muerte de Carrizales nunca ha sido esclarecida. Por el contrario, el caso está cargado de contradicciones e inconsistencias por parte de la fiscalía tamaulipeca a cargo del siniestro Irving Barrios. Oficialmente, el deceso se produjo a causa de un accidente de carretera que provocó el incendio del vehículo en que viajaba El Mijis, con él adentro, luego calcinado.
Contra la versión oficial se han mantenido las evidencias de que se trató de un asesinato, en un contexto en el que aparecen fuerzas policiacas regionales. A pesar de que el entonces presidente López Obrador estuvo expresamente de acuerdo y promovió que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, para remontar el cúmulo de intereses y complicidades del correspondiente entorno tamaulipeco, nunca se cumplió tal expectativa y se mantuvo en el controlado ámbito jurisdiccional del muy complicado estado norteño.
Frida Guerrera asegura que lo sucedido a Carrizales “no fue un accidente y estamos seguros completamente (…) no es la necedad, como en algún momento lo manejó la fiscalía, que (dijo que) queríamos generar un impacto mediático para cuestionar el trabajo de la fiscalía. Simplemente queremos la verdad”, verdad que, puntualiza, “ellos escondieron” (entrevista con Martha Olivia López: https://goo.su/4tJEskP ). Habrá de verse si a partir de esta reapertura del caso se conoce esa verdad y se hace justicia. ¡Hasta mañana!
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