El senador Adán Augusto López Hernández ha utilizado el mismo recurso de aspiración justificatoria que le ha sido atribuido al ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán en el caso del huachicol fiscal y la Marina: la supuesta acusación por sí mismos de hechos que podrían ser delictivos, que habrían sucedido o estarían sucediendo durante su periodo de responsabilidad administrativa y política y que implicarían, de manera fundada y razonada, la presunción de que esos expedientes de corrupción y criminalidad deberían alcanzar en términos firmes de indagación a los mismos denunciantes hipotéticos.
El almirante Ojeda Durán, según lo dicho (hasta ahora, sin constancia documental) por el moldeable Alejandro Gertz Manero, “se acercó” a la Fiscalía General de la República “hace casi dos años” para “hacer saber” ciertos problemas. Casi dos años después se supo, en el marco de las presiones estadunidenses para que México actúe contra piezas relevantes del crimen organizado, que los principales causantes de esas complicaciones huachicoleras eran los sobrinos políticos del entonces titular de la Marina, promovidos en el escalafón de esta secretaría y dotados de poderes suficientes para hacer lo que hicieron.
Ahora, el senador López Hernández ha hecho saber, mediante un comunicado en busca de control de daños, que “ha sido él mismo quien solicitó que se investigue a fondo” el caso del secretario de Seguridad Pública que él, Adán Augusto, nombró cuando era gobernador de Tabasco, que ha sido acusado de ser el jefe del principal cártel regional, La Barredora, y que ha sido detenido en Paraguay.
Tal posicionamiento del actual coordinador de los senadores morenistas y anterior secretario de Gobernación contrasta con los dichos anteriores en que aseguraba no saber nada del asunto criminal, atribuía todo a la politiquería y eludía las entrevistas periodísticas al igual que su bancada evitó durante un mes que se hablara en tribuna del escandaloso caso.
En el caso del almirante ex secretario, es evidente el esfuerzo de las cúpulas guindas para impedir que le afecte el fuego judicial y mediático de sus sobrinos políticos. Un vicealmirante y un contralmirante, sobrinos políticos del almirante secretario: hasta ahí, no más arriba, es la intención.
La suerte política de Adán Augusto es menos afortunada. El poder 4T necesita proteger al almirante ex secretario para que no se cree una crisis interna en las fuerzas armadas (como pudo armarse si el entonces presidente López Obrador no hubiera hecho arreglos de alto nivel con Washington para que devolvieran a México al general Salvador Cienfuegos, no por habérsele declarado inocente en Estados Unidos, sino por negociaciones cupulares).
Pero al senador López Hernández sólo lo mantiene a flote el pacto corcholatero que obligó a Sheinbaum a asignar responsabilidades a los competidores internos que no alcanzaran la candidatura presidencial. Y una muy magnificada relación de “hermandad” con López Obrador, la cual no funcionó a la hora de designar al abanderado guinda para la sucesión en Tabasco, donde el grupo de Adán Augusto fue arrollado por el de Javier May, acompañado éste por otro López Obrador, José Ramiro, conocido como Pepín, nombrado ni más ni menos que secretario de Gobierno estatal.
Ya se verá si la presidenta Sheinbaum aprovecha la coyuntura judicial actual para promover la sustitución de Adán Augusto en la coordinación de los senadores, pero lo deja con escaño, a la intemperie aunque sin mayor castigo, o se decide a dar un golpe, una barredora, que consolide la fuerza presidencial con A.
Y, mientras el gobernador Rocha Moya ha cancelado en Culiacán el Grito de Independencia masivo y público por segundo año consecutivo, para dejarlo sólo en un acto privado, ¡hasta el próximo miércoles, con el trumpismo belicoso apretando en provocaciones y amago contra Venezuela!
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