Familiares y colectivos esperan que se libere la Alerta Amber para la localización de la hija de Gabriela Salazar Bujanos, quien fuera sustraída de su casa por su padre, Alejandro Ávila Limas, presuntamente, en contubernio con la jueza Roxana Ibarra Canul, en el sur de Tamaulipas
Martha de la Cruz, integrante de la colectiva feminista Mujer Manglar, señaló que también ya se autorizó una alerta migratoria contra el padre para evitar que pueda sustraer a la menor del país.
Indicó que se han realizado al menos tres cateos en propiedades de personas relacionadas con el padre de la niña para agotar las posibilidades de dónde pudiera estar y conocer quiénes pudieran estarlo protegiendo, sin embargo Indicó que no ha habido éxito en la localización de la menor.
Exigieron a las autoridades que se realicen las acciones necesarias para la localización inmediata de la niña pues actualmente se encuentra en riesgo físico y emocional a consecuencia de fallas y corrupción en el procedimiento penal que se siguió para otorgarle la patria potestad a su padre quien había sido acusado por de violencia intrafamiliar.
«La procuraduría debe encontrar a la niña porque esto es consecuencia de las corruptelas de Roxana Ibarra Canul quien se prestó para que pudieran sustraer a la niña de un hogar seguro, del espacio seguro donde ella se había mantenido durante año y medio; entregar a una niña a un agresor, un violentador, que no tenía vínculo con ella, porque tenía año y medio de no verla… hoy estamos en esta situación, la niña está en riesgo físico y emocional por fallas por negligencias o por corrupción y es su obligación restituir a la menor y recuperarla con bien», indicó.
El pasado 25 de septiembre, la jueza federal, Nora Victoria Bonilla Marín, ordenó regresar la patria potestad de su hija a Gabriela Bujanos Salazar, quien denunció por violencia al padre de la menor, Alejandro Ávila Limas.
Con esto, Bonilla Marín concedió la suspensión definitiva y notificó a la titular del Juzgado Tercero de lo Familiar, Roxana Ibarra Canul, para concretar la orden de forma inmediata.
Además, la decisión de la juzgadora federal, también fue informada al padre Alejandro Ávila Limas y los sistemas DIF de Tampico y Ciudad Madero para que la entrega de la menor se realice bajo el protocolo libre de violencia.
“El juez responsable deberá proveer lo necesario a efecto que, en el momento en el que se realice la restitución ordenada, se salvaguarde la integridad física, psicológica y moral de la menor”, se advierte en el dictamen del juicio de amparo.
La jueza Bonilla Marín indicó que “todas las autoridades están obligadas a tomar las medidas pertinentes con la finalidad de evitar que se produzcan daños a las niñas, niños y adolescentes”.
Precisó que las personas juzgadoras cuentan, de manera excepcional y dependiendo del caso concreto con cualidades protectoras para aplicar los principios y normas procesales con el objeto de hacerlos compatibles con el principio de interés superior de la infancia.
En tanto, la jueza, continúa bajo investigación luego de que el presidente del Poder Judicial del Estado, Hernán de la Garza, confirmó que instruyó una visita especial al Juzgado Tercero de lo Familiar, para evaluar el desempeño de la jueza Roxana Ibarra Canul, toda vez que hay quejas en los procesos de custodia de menores.
Pese a que se han detectado numerosas irregularidades en los procesos de dicha juzgadora, el Poder Judicial del Estado señaló que será hasta la entrada en funciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial cuando se concluya la investigación.
Roxana Ibarra Canul fue electa en la elección judicial del pasado 1 de junio, por lo que continuará en el Poder Judicial a partir de octubre.
