Por considerar una violación a los derechos humanos e intereses superior de las infancias, la jueza federal, Nora Victoria Bonilla Marín, ordenó regresar la patria potestad de su hija a Gabriela Bujanos Salazar, quien denunció por violencia al padre de la menor, Alejandro Ávila Limas.
Con esto, Bonilla Marín concedió la suspensión definitiva y notificó a la titular del Juzgado Tercero de lo Familiar, Roxana Ibarra Canul, para concretar la orden de forma inmediata.
Además, la decisión de la juzgadora federal, también fue informada al padre Alejandro Ávila Limas y los sistemas DIF de Tampico y Ciudad Madero para que la entrega de la menor se realice bajo el protocolo libre de violencia.
“El juez responsable deberá proveer lo necesario a efecto que, en el momento en el que se realice la restitución ordenada, se salvaguarde la integridad física, psicológica y moral de la menor”, se advierte en el dictamen del juicio de amparo.
La jueza Bonilla Marín indicó que “todas las autoridades están obligadas a tomar las medidas pertinentes con la finalidad de evitar que se produzcan daños a las niñas, niños y adolescentes”.
Precisó que las personas juzgadoras cuentan, de manera excepcional y dependiendo del caso concreto con cualidades protectoras para aplicar los principios y normas procesales con el objeto de hacerlos compatibles con el principio de interés superior de la infancia.
Asimismo, la titular del Juzgado Décimo Tercero estableció que las autoridades protectoras de los derechos de las infancias deben acompañar el procedimiento de restitución de la patria potestad.
Cabe recordar que el pasado 29 de agosto, el padre de la menor, Alejandro Ávila junto con personal judicial y policías irrumpieron en un domicilio de la familia Bujanos Salazar para llevarse a la menor.
La acción fue concretada sin vigilancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), confirmó la delegada de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Antonia de Jesús Cuervo Torres.
El pasado 2 de septiembre, la diputada local Lucero Deosdady Martínez, adelantaba que pediría formalmente al Tribunal de Justicia de Tamaulipas investigar a Roxanne Ibarra Canul, titular del Juzgado Tercero de lo Familiar en Altamira, quien enfrenta al menos seis quejas ciudadanas por presuntas irregularidades en procesos de custodia.
Por su parte, Hernán De la Garza, presidente del Poder Judicial de Tamaulipas, confirmó, apenas el 21 del presente mes, que continúa la investigación contra la jueza Roxana Ibarra Canul, del Cuarto Juzgado de lo Familiar en Altamira, por presuntas irregularidades en juicios de custodia de menores.
Refirió que tres visitadores especiales fueron asignados al caso, que será resuelto por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
“Yo sí he advertido irregularidades, pero no se puede prejuzgar. Las investigaciones están en curso y será el Tribunal quien determine lo conducente”, señaló, recordando que la jueza fue electa el pasado 1 de junio y rendirá protesta el próximo 1 de octubre.
