Con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de atraer el caso del prófugo exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para darle seguimiento y concluir el largo proceso por los delitos que se le imputan, especialmente los que tienen que ver con el uso indebido de los recursos públicos que la federación envió al estado para beneficio de los tamaulipecos, está a punto de saldarse la deuda de este individuo con la ley.
A su estilo marrullero, ha intentado llevar su causa a la arena política buscando evadir la acción de la justicia. No resulta extraño, Francisco es uno de los productos más evidentes de la lawfare, la guerra del entramado jurídico venal apuntalada con una robusta andanada mediática para evadir el mandato de la legislación penal que castiga toda forma abuso en el ejercicio de la función pública, más cuando se hace en colusión con otros servidores.
Afortunadamente, el caso ya trascendió la protección del fiscal carnal de Tamaulipas y ha llegado al más alto tribunal del país, donde se determinará con transparencia y apego a la norma jurídica. Los tiempos en que pudo esquivar las sanciones penales con el uso de los medios comprometidos que le daban voz y tribuna a modo, ya pasaron; ahora por más escándalo que arme, la aplicación de la ley será tal cual.
Por citar un ejemplo claro y preciso, según el portal de Grupo Fórmula: “La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y exfuncionarios por presuntas adjudicaciones ilícitas ligadas al empresario Sergio Carmona. Cabeza de Vaca respondió en entrevista con Ciro Gómez Leyva calificando el caso como una “cortina de humo” del actual gobernador Américo Villarreal. Aseguró que las obras cuestionadas fueron realizadas y que los intentos por vincularlo con Carmona son infundados, pues él mismo denunció sus nexos con Morena”.
En primer lugar, se han presentado evidencias sustantivas de cómo en Salud se pagaban facturas que carecían de orden de compra, ya no se diga de algún bien o servicio que fuera entregado o prestado en las instalaciones del sector. Cuando alguno de los contralores se negó a ser cómplice, de inmediato fue cesado para acomodar a quien si supiera obedecer sin chistar. En Educación ocurrió lo mismo, pues no se han podido justificar los gastos que hicieron con recursos de participación federal.
Si tan seguro está de su inocencia y de que existe una conjura en su contra, en lugar de pagar las cuantiosas sumas de dinero que invierte en medios nacionales y extranjeros a modo, bien podría costear una defensa jurídica de alta envergadura para salir bien librado. Dinero no le falta, pues su paso por las distintas áreas del poder público y de representación, tanto local, como estatal y federal, le redituaron una colosal fortuna que en sus tiempos de insolvente ni siquiera imaginó.
Antes, pudo hacer lo que le vino en gana: cuando fue coordinador en materia de seguridad pública del Frente Amplio por México, adquirió un departamento de lujo en el Club de Golf Cañada de Santa Fe, en la CDMX, pagando 14 millones 300 mil pesos. Pero, no pudo utilizarlo porque la directiva del club pedía una justificación de la obtención de esos recursos que no correspondían a su desempeño profesional o político. La SCJN de Norma Piña tuvo que ampararlo para que lo dejaran entrar.
Pero, a todo santo le llega su capillita y ha llegado la hora de Cabeza de Vaca.
