Familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2018 en Nuevo Laredo se manifestaron frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde el 3 de noviembre, los manifestantes estuvieron en el lugar de donde se retiraron el 6 de noviembre, después de haber sido atendidos por funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación quienes se comprometieron a gestionar una reunión con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los inconformes denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) está perdiendo los juicios realizados en contra de un grupo de aproximadamente 70 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) por deficiencias dolosas en las carpetas de investigación.
“A siete años de distancia la FGR no ha localizado a ninguno de nuestros familiares, todavía faltan por localizar a 32 personas, entre ellas a mi hijo Julio César Viramontes Arredondo, ya estamos desesperadas, sentimos que las investigaciones del Ministerio Público son una burla para nosotras” explicó Ericka Arredondo, una de las manifestantes afuera de Palacio Nacional.
Denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asignó como asesores jurídicos a abogados sin experiencia que no cumplen con esta función ante los Ministerios Públicos; es decir, no conocen las carpetas de investigación, no asesoran a los familiares y tampoco presentan propuestas de diligencias o actos de investigación, solamente se limitan a firmar los escritos de las diligencias.
De acuerdo con los inconformes, la recomendación de la CNDH 36VG/2020 ya tiene cinco años de presentada, ninguna familia ha sido reparada integralmente por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por demorar internacionalmente la integración de expedientes ante el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), a pesar de que muchas víctimas ya entregaron la documentación requerida en la Ley General de Víctimas.
Y finalmente los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales se quejaron de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha realizado ninguna reunión presencial o virtual de seguimiento en este año 2025 que está por terminar.
“También queremos denunciar que la Comisión de Búsqueda de Personas está obstaculizando nuestras peticiones de organizar búsquedas de campo y búsquedas en vida en los estados colindantes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, manifestó Erika Arredondo.
Acciones del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
El Comité ha documentado 54 víctimas de desaparición forzada en un Operativo de Estado que realizó en esta frontera la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (UNOPES) en 2018 a cargo del entonces almirante Marco Antonio Ortega Siu y hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria en firme en contra de los marinos responsables.
De estas 54 víctimas, 19 fueron localizadas por sus familiares sin vida: tres eran menores de edad y dos eras mujeres. Mientras que localizados con vida por sus familiares fueron dos mujeres adultas y un menor de edad. Finalmente siguen sin ser localizados por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) un total de 32 víctimas, entre ellas tres mujeres y dos menores de edad.
