Nota: Esta es la segunda parte de un artículo que se publicó en inglés el 15 de noviembre del presente año, como parte de la serie de artículos de posición política del Instituto Jack D. Gordon de Política Pública de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
El 24 de noviembre pasado publiqué la primera parte de un análisis de política sobre las formas más eficientes para combatir la llamada crisis del fentanilo o epidemia de drogas en Estados Unidos y sus efectos en el resto del continente. La Casa Blanca da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad 2025 más recientemente (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf). Su contenido confirma mi posición crítica ante la actual estrategia antinarcóticos de Estados Unidos, así como los verdaderos objetivos de geoestrategia y geopolíticos de esa nación. Todo ello plantea una problemática que debiera resolverse de otra manera.
Recomendaciones de política pública
Una estrategia integral para atender las causas profundas de la epidemia de drogas en Estados Unidos es la única solución viable para enfrentar una crisis que afecta a todo el continente. El gobierno de Estados Unidos debería centrarse tanto en la oferta como en la demanda de drogas. Por un lado, debería diseñar estrategias más efectivas para desmantelar redes de tráfico de drogas en las Américas. Tales estrategias deben incorporar una combinación adecuada de recopilación de inteligencia y acciones de aplicación de la ley dirigidas también a los “grandes” actores del comercio hemisférico de drogas (incluyendo bancos estadounidenses, empresas productoras de armas y compañías farmacéuticas). Por otro lado, el gobierno debe abordar las causas profundas (de raíz) del consumo de drogas. La estrategia de abatir capos (kingpin strategy) de la DEA y el enfoque unilateral en líderes criminales han demostrado ser fallidos para disminuir el consumo de estupefacientes; de hecho, la demanda de drogas genera su propia oferta.
Lo que ocurre en el territorio estadounidense es clave y debe abordarse: la enorme distribución de drogas dentro del país, las causas de la adicción y la producción de drogas sintéticas dentro de Estados Unidos. La lucha contra la corrupción que facilita la entrada de sustancias ilícitas y su acceso a cientos de miles de ciudadanos debe ser parte fundamental de esta estrategia integral. Las grandes farmacéuticas también deben rendir cuentas por su responsabilidad en la epidemia de drogas que afecta a la sociedad estadounidense. Atender las causas del consumo requerirá estrategias efectivas de prevención del abuso de drogas y de reducción de daños. Es esencial un enfoque de salud pública ampliado y bien financiado para combatir la epidemia de drogas en Estados Unidos.
La colaboración efectiva en operaciones antidrogas bien diseñadas que contemplen una mejor coordinación entre los países involucrados en el comercio regional de drogas y entre sus agencias de seguridad también es fundamental. La reforma institucional y la cooperación interinstitucional en cada país participante serían parte de una solución integral a este problema. Estados Unidos y sus socios regionales deben abordar las causas profundas de sus respectivos problemas relacionados con las drogas. Estos países también deben colaborar en el intercambio de inteligencia y en cerrar sus fronteras al tráfico de precursores de fentanilo procedentes de Asia. Es igualmente importante reconocer que los cárteles no son propiamente organizaciones terroristas internacionales (FTOs, por sus siglas en inglés) aunque los problemas vinculados al narcotráfico y la violencia relacionada con las drogas son extremadamente serios. Finalmente, el gobierno estadounidense debe prevenir el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la persecución efectiva de empresas productoras de armas y bancos internacionales involucrados en estas actividades.
Una combinación adecuada de programas de prevención, estrategias de reducción de daños, recuperación del abuso de sustancias y la adicción, así como la aplicación efectiva de la ley y la policía comunitaria, debe ser parte central de esta estrategia integral. Muchos expertos, analistas, activistas y políticos comprenden esta complejidad y ya han ofrecido recomendaciones detalladas para resolver la epidemia de drogas y el problema del narcotráfico en las Américas. Un primer paso sería combatir la desinformación con educación y datos fiables sobre las causas de esta crisis humana. Finalmente, es urgente desmontar las narrativas engañosas en torno a la crisis del fentanilo y la guerra contra los cárteles. La acción militar unilateral de Estados Unidos para resolver un problema regional de este tipo no parece ser una solución efectiva ni racional.
Conclusión
En general, la política de designar a los grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas internacionales redefine la cooperación internacional y reabre dilemas de larga data sobre soberanía, legitimidad y efectividad en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La transición de marcos cooperativos y orientados a la salud—como el Marco Bicentenario—a un enfoque unilateral de contraterrorismo representa no sólo un cambio de política, sino una ruptura de paradigmas en la gobernanza de la seguridad hemisférica. El resultado de este movimiento podría ser catastrófico.
La reclasificación estadounidense de carteles y pandillas latinoamericanas como organizaciones terroristas transforma a estos grupos de sujetos criminales de justicia en amenazas de seguridad sujetas a acción extraterritorial. Este cambio tiene consecuencias negativas a largo plazo. Conlleva riesgos de una mayor militarización, erosiona la confianza y reduce el espacio para la cooperación civil, sanitaria y judicial. También debilita las instituciones internacionales que anteriormente mediaban agendas de seguridad conjunta (como la OEA, la UNODC y la CELAC), socavando la apropiación regional de las estrategias antidrogas.
Es crucial terminar con esta política y reintroducir las dimensiones de salud pública y gobernanza. La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud pública y resiliencia institucional, no simplemente un asunto de seguridad. Las soluciones sostenibles requieren restaurar marcos de cooperación que integren prevención, rehabilitación y reducción de daños, además de reforzar los mecanismos anticorrupción y de transparencia financiera. Se trata de un asunto de interdependencia estratégica: ningún país del hemisferio puede resolver por sí solo la crisis o epidemia de consumo de drogas sintéticas. Un enfoque de responsabilidad compartida—equilibrando la aplicación de la ley con imperativos de salud pública—ofrece el único camino hacia la estabilidad duradera y la confianza mutua.
