Compañeras y compañeros universitarios:
Este texto lo pensé para todos aquellos en cuya biografía se aloja, como en la mía, la experiencia intelectual y sentimental adquirida en la universidad. El espíritu universitario, visto con rigor, implica no sólo cursar una carrera y adquirir ciertas habilidades técnicas, sino un ejercicio que puede dotar, si se lo amplía y profundiza, de esa segunda potencia del saber, que es la conciencia, con todos sus compromisos morales y sociales.
No siempre las universidades son el espacio donde a la realidad se la examina como una totalidad problemática llena de contradicciones, imposiciones y resistencias. Pero en su concepción universal, de donde su nombre, quienes estudian, enseñan o investigan tienen la posibilidad de convertirla en objeto de un aprendizaje polivalente. Desde ese panóptico privilegiado pueden aspirar a ser los residentes de una esfera cuyos diversos puntos equidistantes son materia de apropiación cognitiva y ética. Desde ahí, su presente y las obsolescencias o saldos inmediatos de la historia pueden ser mejor valorados.
Con frecuencia –y también con frivolidad– se suelta la frase
de Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia”, pero es raro
que se la complete y se asuma con compromiso el significado que le dio el pensador madrileño: “…y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Salvar la circunstancia a la que hoy nos enfrenta el poder desmesurado de Estados Unidos exige información, reflexión y una praxis consecuente. De eso tratan estas pocas páginas.
He participado en actos públicos en torno a la guerra de agresión efectuada por Estados Unidos a Venezuela y el secuestro –que no captura– de su presidente, Nicolás Maduro Moros y su esposa, por tropas estadunidenses, en contra de la normatividad internacional, del Estado de Derecho y de los derechos humanos.
En relación con este episodio, les comparto las ideas que he expuesto públicamente y que aquí complemento.
La condena al ataque a la soberanía venezolana
En primer lugar, el llamado que, con otros, he hecho a apoyar la posición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ella ha condenado ese ataque militar ilegal, ilegítimo y unilateral, mismo que violenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Su posición fue refrendada en la OEA por el embajador Alejandro Encinas.
A la Carta de la ONU no por difundida se la conoce cabalmente. El pronunciamiento de la Presidenta Sheinbaum se ha fundado en el 4o inciso del artículo 2 de esta Carta, que establece con toda claridad:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”
Este principio cobró una dimensión específica en la Convención de Viena de 1964, acerca de la protección de los jefes de Estado. La condición de esta categoría de funcionarios se asimila a la del personal diplomático acreditado en el país receptor. En este sentido se establece la inmunidad de que gozan los jefes de Estado bajo el principio immunitas ratione personae; es decir, de protección personal absoluta frente a arrestos o jurisdicción penal extranjera mientras ejercen plenamente sus funciones. Tal inmunidad se extiende a su persona, su familia, a las personas a su servicio y al edificio que ocupa, así como a sus bienes.
La aplicación de las leyes internas de un país a otro son nulas de origen. Y en lo que hace al montaje judicial por el que se pretende dar apariencia jurídica a la detención y proceso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, el gobierno estadunidense no hace sino romper abiertamente con el orden legal internacional y con principios genéricos del derecho penal. Primero secuestra, luego castiga y por último “juzga”.
El derecho internacional no es una abstracción académica. Nació para contener la violencia de los Estados, para impedir que la fuerza sustituya a la ley y para proteger a los pueblos frente a la arbitrariedad del poder. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe de manera categórica el uso o la amenaza de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Estos principios, reforzados por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, forman parte del núcleo obligatorio del orden jurídico internacional y vinculan a todos los países sin excepción. Estados Unidos, que no ha ratificado el Estatuto de Roma, se niega, salvo en casos muy en sintonía con sus intereses, a aceptar la jurisdicción obligatoria de las resoluciones de ese órgano internacional, y en los hechos pasa a suplantarlo. Otra razón más para señalar la necesaria precaución a tratar con su gobierno.
Tan gruesa fue la ilegalidad de la agresión de Estados Unidos, que fue condenada por la Unión Europea, a pesar de hallarse sometida a sus condicionamientos. Recibió también la crítica de The New York Times, de un grupo considerable de congresistas estadunidenses por no haber mediado la autorización del Congreso respecto al ataque, y de un sector importante de comentaristas y de ciudadanos, como se hizo patente en la protesta masiva que realizaron en Nueva York, bajo la consigna de Hands off Venezuela.
La Doctrina Monroe y sus peligrosos efectos
Como antecedente es sumamente grave, pues ello da lugar a que los Estados más fuertes se impongan por la fuerza a otros más débiles, sin mediar provocación alguna, como también lo ha expuesto la Presidenta Sheinbaum.
En lo que hace a la justificación, inválida a la luz del derecho internacional, sobre el ataque a Venezuela, sus autoridades, elementos de seguridad y población civil hay que remitirse al programa estratégico de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo ha puesto en acto el gobierno de este país, sobre la base de un instrumento –la llamada Doctrina Monroe–, que tiene más de dos siglos de haber sido adoptado por ese país (1823) y cuyos efectos históricos le han permitido realizar, en base a la fuerza, numerosas y funestas intervenciones en los países de América Latina y el Caribe. Sólo en el siglo XX y XXI se han registrado, entre otras, las siguientes: Guatemala (1954), Argentina (1955), Brasil (1964), República Dominicana (1965), Chile (1973), Nicaragua (1980), Granada (1983), Panamá (1989), Honduras (2009), Bolivia (2019) y, la más reciente este año, Venezuela.
Es absurda la causa de acusar al Presidente Maduro de encabezar a los cárteles de la droga en Venezuela. En el curso de su pretendido “juicio” ya se ha visto como inexistente el cártel de “Los Soles” al cual se le atribuía dirigir. El territorio de Venezuela ha sido considerado por la ONU como limpio de drogas, según el informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD). Subrayado de ese absurdo es el hecho de que Estados Unidos sea el mayor consumidor de drogas en el mundo, y que sus autoridades nada hagan por combatir su trasiego ni a sus criminales protagonistas dentro de sus límites geográficos. Así que las acusaciones de narcoautoridades a las de Venezuela no son sino el burdo pretexto que sirve al gobierno de Trump para intentar aventuras semejantes en otros países, el nuestro entre ellos.
Las verdaderas causas de la agresión de Estados Unidos
Las causas de la agresión a la soberanía de Venezuela tienen un fondo económico y político no expuesto por Estados Unidos. Es necesario explicarlo para entender el momento histórico en que nos coloca su práctica totalitaria, sobre todo a los países de América Latina y el Caribe. Esta práctica ya se cierne, en lo inmediato, sobre Cuba, Colombia, México y Brasil.
Es a todas luces evidente que Estados Unidos se erigió como superpotencia mundial estableciendo un unilateralismo exacerbado mediante el fenómeno conocido como globalización. Al cabo de más de tres décadas se dio cuenta que había perdido competitividad en el mercado internacional. Dedicados sus gobiernos al despliegue de guerras de agresión, a un aumento desproporcionado en el gasto militar para favorecer a la industria armamentista (alrededor del 70 por ciento de las armas empleadas por Israel en el genocidio al pueblo palestino provienen de Estados Unidos) y al subsidio a los más ricos, su deuda es ya galáctica. Entre tanto, China se convirtió en una potencia emergente con capacidad de disputarle la primacía planetaria.
Estados Unidos no sólo perdió mercados internacionales, sino que se desindustrializó, disminuyó su potencial tecnológico –incluso en el plano militar– y dejó de tener la influencia que antes tuvo en diversas regiones del planeta; muy señaladamente, en América Latina. Como imperio, enfrenta de hecho la decadencia. No sólo tiene por rival a China, sino a esa alianza de países que conforman los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. A ellos, en calidad de países asociados, se han sumado Cuba, Bolivia, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Malasia, Tailandia, Uganda y Nigeria. Hasta ahora representan, porque se siguen sumando a su organización otros países, más del 50 por ciento de la población mundial.
El actual gobierno de Donald Trump y la oligarquía digital que lo rodea no muestran capacidad para revertir las deficiencias económicas de Estados Unidos y apelan a sustituir, en su inepcia y desesperación, políticas y prácticas de gobernanza por medidas de fuerza militar. Las justifican con actitudes y acciones dictatoriales dentro de su país e imperiales en relación con otros países; ahítas, además, de arrogancia, desvergüenza, violaciones constitucionales y al derecho de gentes.
Esa incapacidad para persuadir a ciertos gobiernos latinoamericanos se tornó en beligerancia política (amenazas y acusaciones desmesuradas). A falta de consensos siembra blancos falsos para alcanzar sus objetivos reduciéndose al arrebato y el delito mediante la fuerza militar.
El ataque a Venezuela nos sitúa, por lo demás, ante otras incertidumbres. Aparte de cualquier intervención humana y militar, según la forma en que fue efectuado el secuestro de Maduro y su esposa, ¿qué tanto la Inteligencia Artificial entró en juego en este episodio?
Petrodólares y robo del petróleo
Desde el Tratado de Bretton Woods en 1944 y su fortalecimiento en 1971 respecto al dólar como reserva mundial basada sólo en su aceptación fiduciaria, esta moneda no se había enfrentado a la caída de su peso cambiario hasta la crisis de 2008. Poco después se empezaron a realizar transacciones en monedas distintas (yuanes, rublos, rupias), sobre todo a partir de la construcción de los BRICS. Este proceso se acentuó y adquirió mayor magnitud en relación con los llamados petrodólares. El nuevo sistema que sustituyó al de Bretton Woods, mediante la medida unilateral de Richard Nixon, permitió establecer que fuera el dólar la única moneda empleada en la compra-venta de crudo. La embestida de Estados Unidos empezó con el bloqueo decretado a Venezuela y la apropiación de cuantiosos activos suyos. Estas medidas arbitrarias orillaron al gobierno venezolano a eludir, incluso mediante mecanismos intérlopes, la venta de su crudo en dólares. Esta práctica la han seguido otros países y su efecto ha sido el debilitamiento del dólar.
Así que el gobierno de Trump decidió no sólo piratear buques petroleros, sino secuestrar al Presidente Maduro y declarar que el petróleo de Venezuela (representa casi el 20 por ciento de la producción mundial) y sus demás recursos naturales son propiedad de Estados Unidos. Con ello pretende atenuar su creciente déficit financiero y encubrir el hecho de que su ilimitada emisión de dólares sin ningún respaldo puede continuar. Así, sin el menor embozo, se atribuye el gobierno de ese país.
Con la ruptura a la soberanía de Venezuela quedan al descubierto los planes de Estados Unidos. Es la secuencia violenta de su intervención diplomática y política en las elecciones de Ecuador, Bolivia, Argentina y Honduras en 2025.
Queda también al descubierto que el gobierno estadunidense y de manera personal su presidente tienen por sino hacer negocios a costa de lo que sea. Las vidas humanas entran en la transacción. Eliminarlas hasta extinguirlas si es posible para hacer negocios inmobiliarios como en Gaza o destruirlas para despojarlas de su riqueza como en Venezuela.
Al combate contra el totalitarismo estadunidense
Una corriente de políticos, pensadores, analistas y ciudadanos patriotas, con la cual yo me identifico, desde hace tiempo, sobre todo cuando no pocos gobiernos se definieron por la izquierda o por un centro no de derecha, advirtieron que la ausencia de integración de sus Estados podría abrir las puertas al dominio estadunidense. Este momento doloroso ha llegado. Aún así no se ven señales de que un impulso integratorio para la defensa de sus soberanías sea prioridad de ninguno de ellos.
Es natural que todos los dispositivos de Estados Unidos se han puesto en marcha para disuadir psicológicamente a las poblaciones de su país y a la de los países del subcontinente en América y en otras regiones continentales, mediante una propaganda pervasiva basada en crear la imagen de individuos o grupos malos o buenos, según sus intereses. A quienes militen en contra de los efectos nocivos del capitalismo, sistema que ha llegado igualmente a un grado de estancamiento contrario a la idea de su crecimiento permanente y, más bien, emite ya signos de agotamiento, las agencias informativas y culturales de Estados Unidos le crean un estereotipo: “comunistas” o “socialistas” en el periodo de la guerra fría; “terroristas” a los disidentes de este régimen, o bien, como ahora, “narcotraficantes”. Bad hombres, los llamó en su jerga maniquea Donald Trump.
Reflexión final
Por ignorancia, analfabetismo político, oportunismo o mala fe, un sector social abraza esa propaganda y la asume como pertinente. Y se torna, por acción u omisión, en aliado de los vendepaíses. Los negocios informativos, lo vemos sobre todo en México en aquello que difunden las de giro televisivo y muy diversos rotativos, forman parte de esa ameba propagandística. En este sentido es cada vez más frecuente escuchar la conveniencia o estar de acuerdo con ella acerca del dominio e intervencionismo de Estados Unidos a costa de nuestra soberanía o la de cualquier país.
Tengo la convicción de que los universitarios, por lo que saben o están obligados a saber, deben orientar a sus comunidades escolares y a las que se hallan fuera del ámbito de la educación superior para estar informados. Tratar de informarse bien no es un gesto académico: es un deber ético. Contrastar fuentes, desmontar la propaganda, distinguir el derecho de su simulación y señalar la ilegalidad cuando se presenta como normalidad forma parte del compromiso universitario. No exige uniformidad ideológica, pero sí una convicción mínima: cuando el derecho es quebrantado, no mirar hacia otro lado también es una forma de acción.
Las grandes rupturas del derecho y las tragedias del pasado no ocurrieron sólo porque existieron gobiernos dispuestos a imponer su voluntad, sino porque hubo sociedades que eligieron no ver, no informarse o no asumir su responsabilidad. La universidad existe precisamente para que eso no ocurra. Para que el conocimiento se supere en la conciencia. Para que la razón no se someta a la fuerza.
Desde esa responsabilidad, mi reflexión no pretende entregar verdades incuestionables, sino llamar a los universitarios, con esa autoridad mínima que cualquier ciudadano puede tener, a ejercer su compromiso más profundo: pensar críticamente, no permanecer indiferente y defender el derecho allí donde se intenta sustituirlo por la ley del más fuerte.
Conocer esto cambia la posición moral de quien aprende. Quien ha estudiado la realidad de los principios que rigen la convivencia pacífica, quien puede reconocer cuándo se violan, ya no puede declararse neutral. Hay momentos en los que el silencio no es prudencia, sino renuncia. Momentos en los que la indiferencia deja de ser pasividad para convertirse en complicidad.
Los mexicanos sabemos por lo que está pasando Venezuela. La llamada guerra con Estados Unidos fue una guerra de agresión por iniciativa de su gobierno. A causa de ella, estando ocupado nuestro territorio por sus tropas, aceptamos la sesión de la mitad de nuestro territorio a manos suyas por una suma irrisoria. ¿No debiera ser labor de los universitarios tener presente la memoria de ese infame episodio?
Otro episodio. Al igual que México en 1938, Venezuela nacionalizó su industria petrolera y para ello pagó una cuantiosa cantidad de dinero. Aún así, Trump afirma que el petróleo venezolano es de su país por las inversiones que las compañías petroleras estadunidenses hicieron para que pudiera ser explotado. Y a renglón seguido les ofreció entrar de lleno en Venezuela para extraer su petróleo. No en balde, luego del ataque, las acciones de Chevron subieron más de un 6%; las de Exxon Mobil alrededor de un 3%; las de SLB y Halliburton se dispararon aproximadamente un 8%, y ConocoPhillips ganó un 5,6%.
Si México está en la mira del gobierno trumpista, eso es por nuestras riquezas, la del petróleo sobre todo. También pretenderá que lo que esas compañías invirtieron fue más que lo que México les pagó como indemnización. O cualquiera otra fábula.
De ahí mi punto de vista y el llamado que hago a los universitarios para hacer conciencia de dónde estamos, a qué nos enfrentamos y para dónde vamos ante la política agresiva y violenta de Estados Unidos. Por de pronto, es preciso hacer el mayor esfuerzo por mantener a los países de América Latina y el Caribe como una zona de paz, pues los signos de una guerra internacional a partir de nuestra región ya no son meros tientos. Los tenemos presentes en la información (amarillismo, bulos, fake news, intensa actividad de la quintacolumna).
Quien piense que lo que aquí he expuesto tiene algún valor, le pido que lo comparta. Desde ahora se lo agradezco y dejo mi correo para cualquier comentario.
