La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará registrada en la historia como una de las páginas más graves y reveladoras en latinoamericana. Fuerzas militares de los Estados Unidos ejecutaron una operación de gran escala en territorio venezolano, con bombardeos estratégicos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos ante tribunales federales estadounidenses. Washington calificó el hecho como una operación antinarcóticos y de “seguridad hemisférica”. Para amplios sectores del mundo, fue una intervención militar abierta contra un Estado soberano.
Más allá del juicio moral inmediato, este acontecimiento exige una lectura estructural. Desde una perspectiva crítica y real, estamos ante un hecho de la lógica histórica del imperialismo. El capitalismo, cuando enfrenta límites en su capacidad de consenso, recurre a la agresión. Y Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, vuelve a ocupar el lugar que el sistema capitalista le ha asignado reiteradamente: territorio en disputa.
El discurso estadounidense del “narco-terrorismo” resulta funcional, pero insuficiente. No explica por qué una superpotencia decide intervenir militarmente sin mandato internacional, violando de forma flagrante la Carta de las Naciones Unidas. La respuesta no está en los tribunales, está en la geopolítica. La creciente presencia de Rusia y China en América Latina —a través de inversiones y acuerdos — ha erosionado la hegemonía tradicional de Estados Unidos en la región. El operativo del 3 de enero puede leerse, entonces, como un acto de reafirmación imperial en un contexto de declive relativo.
La historia ha demostrado que toda hegemonía combina consenso y fuerza. Cuando el consenso se debilita, la fuerza aparece sin máscaras. La operación en Caracas revela precisamente ese momento: el paso de la persuasión diplomática al castigo ejemplar. Se busca no solo neutralizar a un gobierno incómodo, sino enviar un mensaje aleccionador al resto del continente.
Nada de esto implica invisibilizar al chavismo-madurismo de sus contradicciones internas. Pero ninguna crisis interna justifica la captura militar de un jefe de Estado por fuerzas extranjeras.
La designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, respaldada por la Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia, intenta preservar la continuidad del Estado venezolano frente a una agresión externa sin precedentes. Sin embargo, su margen de maniobra es estrecho: la presión militar, diplomática y económica de Washington condicionara cada decisión y profundizara la incertidumbre interna.
Desde el derecho internacional, el hecho es indiscutible. Sin mandato de la ONU ni de organismo regional alguno, la intervención constituye una violación directa a la soberanía y a la igualdad entre Estados. El secuestro de un presidente en funciones no es extradición; es destitución de facto. El precedente es alarmante: si se normaliza, ningún país periférico estará a salvo.
Las repercusiones ya se sienten. América Latina vuelve a dividirse entre quienes condenan la intervención y quienes la justifican en nombre del “orden”. La migración, los mercados energéticos y las alianzas geopolíticas se verán profundamente alterados. Pero, sobre todo, se reabre una herida histórica: la del uso de la fuerza imperial como mecanismo de reorganización política regional.
Lo ocurrido en Venezuela no anuncia un nuevo orden mundial; más bien expone la intensificación de los métodos del viejo orden. El capitalismo central muestra su rostro más descarnado. La lección es clara y dura: cuando los recursos estratégicos y el control geopolítico están en juego, el derecho internacional se vuelve nada.
Venezuela, hoy, es espejo y advertencia. Lo que está en disputa no es solo un gobierno, sino la posibilidad misma de que los pueblos del Sur no decidan su destino y serán sometidos por la fuerza. Esa es la dimensión histórica del 3 de enero de 2026, y también el desafío político que América Latina no puede eludir.
