Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, avaló la resolución emitida por el Tribunal de Disciplina Judicial Federal, por el caso del entonces juez Juan Fernando Alvarado López, quien emitió resoluciones a favor del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por su conductas calificadas como graves.
En un posicionamiento dado a conocer desde el Congreso estatal, Prieto Herrera resaltó que, previo a la resolución, desde el máximo órgano legislativo de Tamaulipas se habían hecho señalamientos sobre la mala actuación del juez.
Aquí el posicionamiento completo.
Hace tiempo, con profunda responsabilidad institucional, señalamos con claridad que existían irregularidades graves en la actuación de un juez federal que impactaban directamente en la vida pública de Tamaulipas, no se trataba de un señalamiento político, ni de una confrontación con el Poder Judicial, se trataba de defender la legalidad, el Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Se da a conocer una resolución del Tribunal de Disciplina Judicial Federal que confirma que no nos equivocamos, se determinó la responsabilidad administrativa del entonces, juez de séptimo distrito, Juan Fernando Alvarado López en Reynosa, por conductas calificadas como graves consistentes en el notorio descuido en el desempeño de sus funciones y falta de profesionalismo judicial.
En términos concretos se acreditó que actúa de manera irregular en el manejo de incidentes de suspensión dentro de diversos juicios de amparo, emitiendo acuerdos y determinaciones fuera del procedimiento legal establecido, desviándose de la normativa aplicable y vulnerando los principios de legalidad e imparcialidad que deben regir la función jurisdiccional.
La sanción impuesta fue la inhabilitación temporal por un año para ejercer cargos públicos, lo que construye una determinación relevante porque reconoce formalmente que existieron conductas incompatibles con la responsabilidad que exige impartir justicia. Con ello queda demostrado que durante el pasado reciente existieron prácticas de grave negligencia y falta de profesionalismo dentro de sectores del Sistema Judicial, y precisamente por eso, es tan importante el momento histórico que vive en nuestro país.
Estamos ante un nuevo Poder Judicial, uno que no tuerce la ley a conveniencia, que no actúa de manera selectiva y que no responde intereses particulares, sino al mandato constitucional y al interés del pueblo.
La justicia no puede ser un instrumento de poder ni privilegios, la justicia debe ser de garantía y de igualdad, y cuando las instituciones funcionan, como quedó demostrado, la verdad termina por abrirse camino.
En Tamaulipas, este Congreso del Estado seguirá defendiendo la legalidad sin miedo y sin titubeos porque la transformación también significa que nunca más la ley se utilice para proteger a unos cuantos en perjuicio de la mayor.
