Los mercados ilegales evolucionan y las redes criminales se vuelven más flexibles, más fragmentadas
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes el 22 de febrero no cerró un ciclo. Lo reconfiguró.
No desmanteló un mercado. Lo reordenó.
No debilitó una estructura. La desplazó.
Porque si algo muestran décadas de investigación sobre redes criminales en México es que el abatimiento de supuestos líderes todopoderosos no elimina sistemas económicos ilícitos. Ellos se adaptan más bien a las nuevas condiciones de mercado. Y los riesgos se redistribuyen. Los mercados ilegales evolucionan y las redes criminales se vuelven más flexibles, más fragmentadas y, en muchos casos, más difíciles de rastrear. El vacío que deja “El Mencho” no es una ausencia. Es una transición, una evolución.
Y esa transición ocurre en un momento estratégico: En la antesala de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Cuando México no solo se prepara para recibir al mundo, sino para desplegar uno de los dispositivos de seguridad más sofisticados de su historia reciente. No es coincidencia. Es sincronía estructural.
El sábado lo vimos con nitidez. La reapertura del Estadio Azteca no fue solo un acto simbólico. El empate entre la selección mexicana de fútbol y la selección de Portugal funcionó como algo más que un partido: fue una prueba de estrés del aparato de seguridad mexicano. En efecto, presenciamos un ensayo operativo; un ejercicio de control territorial en tiempo real. Filtros, anillos de contención, vigilancia intensiva, control de accesos, despliegue coordinado de fuerzas: el fútbol fue el pretexto; la seguridad, el verdadero objeto de evaluación.
Se insiste en que todo esto responde a la necesidad de proteger a millones de aficionados. Y es cierto. Pero esa verdad es parcial. Porque el Mundial no solo moviliza selecciones y audiencias; moviliza mercados y reconfigura sus redes. Es una plataforma para la expansión de una economía política de la seguridad donde confluyen Estados, empresas privadas y actores transnacionales.
El despliegue anunciado —vigilancia aérea, sistemas antidrones, monitoreo en tiempo real, control territorial en capas— no es únicamente una respuesta técnica a riesgos específicos. Es una infraestructura duradera. Es inversión pública con retorno privado. Es la institucionalización de un modelo de seguridad basado en la hipervigilancia, la tecnificación de la coerción y la externalización de funciones estatales.
Aquí es donde la muerte de “El Mencho” adquiere otra lectura. No reduce la violencia; la reconfigura. Y al hacerlo, refuerza la percepción de amenaza que legitima la expansión de estos dispositivos. La violencia post-abatimiento no es una anomalía del sistema. Es parte de su funcionamiento. Es lo que justifica su crecimiento.
A esta dinámica se suma un cambio clave en el marco estratégico hemisférico. La decisión de Estados Unidos de avanzar en la designación de los llamados cárteles como organizaciones terroristas extranjeras —incluido el CJNG— no es simplemente un giro discursivo. Es un desplazamiento doctrinal. Inserta el fenómeno del narcotráfico en la lógica de la guerra contra el terrorismo, con todas sus implicaciones: ampliación de capacidades del ahora llamado Departamento de Guerra, flexibilización de intervenciones y apertura de mercados para contratistas de seguridad y defensa.
El resultado es una convergencia funcional. La eliminación de un líder criminal de alto perfil, la persistencia de la violencia, la organización de un megaevento global y la redefinición del marco estratégico estadounidense operan en la misma dirección. No necesariamente coordinados, pero sí alineados.
Y esa alineación produce efectos concretos.
Produce mercados para empresas de seguridad.
Produce contratos para proveedores tecnológicos.
Produce oportunidades para el complejo militar-industrial.
Produce, también, un reordenamiento geopolítico que fortalece la proyección de Estados Unidos en el hemisferio bajo una lógica que remite —con nuevas herramientas— a viejas doctrinas de control regional.
El llamado “escudo de las Américas” no es solo una metáfora. Es una arquitectura en construcción.
Pero todo esto tiene un costo. Y ese costo no es abstracto.
Porque lo que llega con el Mundial no necesariamente se va con el Mundial.
Las cámaras no se desmontan.
Los sistemas biométricos no se eliminan.
Las bases de datos no se borran.
Los algoritmos no se desactivan.
Se integran.
Se normalizan.
Se vuelven parte del paisaje institucional.
En ese proceso, los ciudadanos dejan de ser únicamente sujetos protegidos y se convierten en sujetos monitorizados. La seguridad se transforma en vigilancia. Y la excepcionalidad se convierte en rutina.
Así, mientras el discurso oficial celebra la capacidad del Estado para garantizar un Mundial seguro, se consolida silenciosamente un régimen de control que trasciende el evento. Un régimen que encuentra en la violencia —y en su gestión— una fuente constante de legitimidad.
El negocio es, en efecto, perfecto. La amenaza se reproduce, la respuesta se expande y el mercado crece. Y en ese circuito, el Estado no siempre actúa como contrapeso, sino como facilitador.
Entre goles, ceremonias y narrativas de éxito, se está jugando otro partido. Uno menos visible, pero más decisivo.
Un partido donde lo que está en juego no es un trofeo, sino la configuración futura de la seguridad, el poder y la libertad en México.
