De aprobarse en los términos planteados el denominado Plan B de la reforma electoral, por lo menos nueve ayuntamientos de Tamaulipas estarían conformándose por una sindicatura -en lugar de dos-, y el número de regidores fluctuaría en un mínimo de siete y un máximo de 15, dependiendo de la cantidad de habitantes.
En ese contexto, los Ayuntamientos que se verían afectados con una reducción en el número de sindicaturas y regidurías, se encuentran Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Mante, Río Bravo, Altamira, Tampico y Madero.
“De aprobarse el Plan B de la reforma electoral por una mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores federales en el Congreso de la Unión y avalada por la mayoría de las legislaturas locales, la nueva conformación de los Ayuntamientos con una población por encima de los 800 mil habitantes, implicaría una reforma a nivel de código municipal, además de otras normas que en este caso, tendrían que ser revisadas por el Congreso local”, confirmó Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (IETAM).
“Se establece en la propuesta de modificación que desde la Constitución se señale que cada ayuntamiento estará conformado por una sindicatura en lugar de dos y además, por un número de regidores que va a fluctuar con un mínimo de siete y un máximo de 15, entre siete y 15 regidurías”, sostuvo.
Tras aprobarse en una primera instancia por el Congreso de la Unión, lo más probable es que en el Congreso local surja la necesidad de armonizar cuerpos normativos, entre estos, el Código Municipal, en donde se establece cómo está integrado cada uno de los Ayuntamientos de la entidad, citó.
Expuso que al Instituto Electoral de Tamaulipas, antes del arranque del proceso electoral, en la segunda semana de septiembre, le corresponde definir cuáles son y en qué Ayuntamientos se eligen cantidades sindicaturas y regidurías.
“Es un tema que estamos apenas en el análisis de la iniciativa que ya se presentó y muy seguramente en las próximas horas tendremos el análisis más completo de qué otras normas, en este caso estatales, tendrían que ser revisadas por parte del Congreso del estado”, concluyó.
