Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este miércoles que se inició un proceso administrativo sancionador contra Grupo de Seguridad Privada Camsa, S. A. de C. V.
Se trata de la empresa que ofrecía sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes y decenas más resultaron heridos el lunes por la noche tras un incendio.
Entre las irregularidades que encontraron las autoridades mexicanas se encuentran el hecho de que la empresa solo tenía reportados en sus registros a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes.
Sin embargo, el contrato que tenía con el Instituto Nacional de Migración (INM) era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de México.
Además, los trabajadores de esta empresa no contaban con permiso de portación de armas y reportó altas ni bajas del personal, algo a lo que estaba obligada.
«Dio inicio el proceso administrativo sancionador en contra de esta empresa para revocarle el permiso e imponerle una multa económica. Incluso, ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana, elementos de protección federal asumirán las labores de seguridadad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez», dijo Rodríguez.
Por su parte Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, informó que obtuvieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que comenzó el incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez.
Cinco de las seis órdenes de aprehensión ya fueron ejecutadas.
A las personas se les acusará de los delitos de homicidio doloso y lesiones en contra de los extranjeros que se encontraban en la estación migratoria.
«En el transcurso del día se llevará a cabo la audiencia de vinculación e imputación, es por ello que no daré ningún dato sobre ellas porque esto implicaría no cumplir con el principio de presunción de inocencia y tengo que cumplir para que esta audiencia tenga éxito, que es su vinculación a proceso», dijo la fiscal.
Agregó que la investigación se amplió a todas las áreas de responsabilidad del INM para lo cual se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que la norma.
«Para decirlo con toda claridad: cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles», dijo Herrerías.
