El gobierno de Tamaulipas rescindió el contrato por más de 4 mil millones de pesos con la desarrolladora Tres10 debido a las irregularidades, deficiencias e incumplimientos de dicha empresa en la construcción del C-5 de Reynosa y la prestación para el Servicio de Red de Seguridad Pública en el estado.
Se trata del más grande monumento a la corrupción, simulación, desfalco y robo al pueblo de Tamaulipas por parte del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El 27 de junio de 2019, con la autorización y complicidad del Congreso tamaulipeco, entonces dominado por legisladores del Partido Acción Nacional, Cabeza de Vaca -a través de representantes legales de la empresa- suscribieron un contrato de asignación directa por 4 mil 058 millones 456 mil 111 pesos a liquidarse en seis años, comprometiendo recursos federales, además de constituir un fideicomiso irrevocable para garantizar el pago a Tres10, contratando como fiduciaria a BancaMIFEL.
El contrato tenía como finalidad el equipamiento del monitoreo y enlace estatal de video y vigilancia urbana, identificación vehicular carretera y demás infraestructura relacionada; el diseño, construcción, adecuación y equipamiento del C5; la remodelación, adecuación y equipamiento de los Centros de Mando Regionales y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura respectiva a lo largo de la vigencia del contrato.
Tras las reformas en el Congreso del Estado que permitieron reincorporar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) de la Fiscalía General de Justicia al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se inició un proceso exhaustivo de revisión de la operación y funcionamiento del contrato otorgado a la empresa Tres10.
Esto permitió descubrir múltiples incumplimientos por parte del desarrollador, destacando un sobreprecio significativo en la inversión realizada, pues según el avalúo preliminar el monto invertido no supera los 1,500 millones de pesos, lo que hace presumir corrupción, colusión y complicidades en el proceso de contratación y ejecución de este proyecto.
Debido a las irregularidades y controversias, el mes de mayo de este año se inició el proceso de rescisión de contrato notificando a la empresa desarrolladora información sobre los incumplimientos, trabajos inconclusos, deficiencias en el servicio y la omisión de la fianza que garantizaba el mantenimiento del proyecto.
El proceso de revisión y rescisión del contrato derivó en la suspensión de pagos a la empresa, los cuales ascienden a más de 60 millones de pesos mensuales.
Sustraen 550 MDP de fideicomiso tras cancelación del contrato
No obstante la suspensión de pagos generada por el estado, entre el 21 de abril y el 3 de mayo, Tres10 solicitó a Banca MIFEL pagos por 493,358,209.18 y 64,804,198.32 pesos, respectivamente, sin notificar al Estado como lo obliga el contrato signado.
Esto significa que más de 550 millones de pesos fueron sustraídos del fideicomiso sin la autorización del Estado, lo que denota una acción dolosa y fraudulenta por parte de la empresa y de la propia institución bancaria, por lo que el Estado solicitó a la fiduciaria la devolución del pago en exceso y exhibió que Banca MIFEL no contaba con la documentación soporte para realizar el pago efectuado a Tres10.
