Por Concepción Delgado Parra
La campaña mediática instrumentada en las últimas semanas para situar en el escenario político a Xóchitl Gálvez, como la carta fuerte de la oposición para contender por la Presidencia de la República, implica una importante inversión de los medios de comunicación corporativos para colocar en la opinión pública la imagen de la senadora del PRIAN.
La disputa ideológica por imponer un sentido simbólico y ganar la narrativa entre los votantes para elegir a quien será presidente o presidenta en 2024, configura el centro de la escena pública en nuestros días.
Los opositores acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de utilizar los programas sociales para generar aceptación entre la población y prolongar la presencia de la 4T, durante el siguiente sexenio. Al mismo tiempo, la alianza opositora cuenta con el apoyo del Poder Judicial, de los medios de información hegemónicos –de quienes son propietarios– y con el dinero de la élite financiera, nacional e internacional, para impulsar a su favorita. Imposible hablar de equilibrios en esta contienda. La disputa se sitúa, como siempre en la historia de México, entre los dueños del dinero y el pueblo.
Responder a los medios corporativos desde la conferencia matutina supone un espacio privilegiado del Poder Ejecutivo para contraponer su postura ante los embates de los medios tradicionales. Sin embargo, el alcance mediático resulta limitado para llegar a las audiencias que la televisión, radio y prensa privadas logran, al contar con un conjunto de concesiones en materia de telecomunicación que terminan monopolizando la conversación pública.
En este marco, resulta fundamental que instituciones democráticas como el Instituto Nacional Electoral (INE) establezca mecanismos imparciales para transparentar los recursos utilizados por todas las fuerzas políticas y sus grupos simpatizantes para impulsar a sus posibles candidatos.
En el fondo de las campañas políticas que hoy se desarrollan, independientemente de los eufemismos utilizados, donde se denominan coordinadores a quienes aspiran a ser candidatos a la Presidencia de sus respectivos partidos o alianzas electorales, está presente el problema del financiamiento de los grupos que promueven la imagen de sus aspirantes para convencer a la ciudadanía de que representan la mejor opción para 2024.
Unos y otros, derechas e izquierdas, están obligados a transparentar los recursos utilizados en sus campañas políticas.
Llama la atención que los aspirantes de la oposición que buscan obtener 150 mil firmas por la vía de una página web para lograr la candidatura presidencial, en lugar de buscarlas en el territorio, continúen ocupando puestos públicos a los que tendrían que renunciar. Esta actitud no es ética ni legal. El INE está obligado a intervenir y ordenar a los opositores, del mismo modo que lo hace con el partido en el poder para que la contienda tenga “piso parejo”.
La transparencia del financiamiento de campañas políticas y la pulcritud de la trayectoria de las y los contendientes por la Presidencia de la República, prefigura un principio central para que la ciudadanía se encuentre en condiciones de elegir la mejor opción en 2024.
