Raúl Hernández Chavarría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, presentó este lunes ante la Fiscalía General de Justicia una denuncia en contra del fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, por el delito de ejercicio abusivo de funciones.
El funcionario entregó beneficios económicos a familiares y otorgó indebidamente nombramientos a personas sin la preparación académica requerida.
En la denuncia se señala que, cuando se desempeñaba como titular de la Unidad Inteligencia Financiera Y Económica (UIFE) Ramírez realizó un acto jurídico que produjo beneficios económicos a su hijo, Carlos Ramírez Pizarro.
Además, favoreció a su cuñado Ricardo Pizarro Pizarro quien, sin ser abogado de profesión y cuyo grado máximo de estudios es la secundaria, fue designado como auxiliar jurídico de la UIFE.
La denuncia agrega que el funcionario benefició a quien formaba parte de su despacho particular Ramírez Castañeda y Asociados, Gloria Luz Buendía Mestas, otorgándole el cargo de jefa del Departamento de Extinción de Dominio y Amparo en la UIFE.
Estas tres personas, quienes al inicio de la nueva administración renunciaron a su puesto de trabajo, nunca desempeñaron sus funciones, pues no acudían a laborar, pero sí cobraban buen sueldo y compensaciones, lo que representa un daño para el presupuesto de la Secretaría de Finanzas de 1 millón 948 mil 932 pesos.
Cabe recordar que la ley prohíbe que los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, realicen cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
También a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, lo que se tipifica como delito de ejercicio abusivo de funciones.
De igual manera se prohíbe a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ella otorguen empleo, cargo o comisión públicos que sean remunerados, sabiendo que no prestará el servicio, lo que el Código Penal de Tamaulipas señala como delito de abuso de autoridad.
Ramírez otorgó, como titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, empleos, a parientes y amigos y gestionó la designación de su hijo Carlos, sabiendo que no prestaría el servicio para el que se le nombró o que no cumpliría el contrato otorgado.
