La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó una denuncia contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por peculado luego de detectar que durante su administración no se entregaron más de 500 millones de pesos a la Universidad, reveló el abogado general de la universidad, Carlos Mora García.
En rueda de prensa, señaló que las denuncias por este faltante ya se interpusieron ante la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas.
Por el debido proceso, señaló que no podía dar a conocer los nombres pero adelantó que las denuncias son contra altos mandos del Gobierno de Tamaulipas y autoridades universitarias.
Sin embargo, en documentos difundidos por la propia universidad, se detalla que las denuncias habrían sido presentadas contra el exgobernador Cabeza de Vaca; el exsecretario de Gobierno, Gerardo Peña Flores; el exsecretario de Administración, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa; así como el exrector, Guillermo Mendoza Cavazos.
Las causas por las que se presentaron las denuncias corresponderían a los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades y los que resulten.
En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022 de la Auditoría Superior de la Federación, se detalla que durante el ejercicio fiscal 2022 únicamente se realizaron aportaciones estatales por un total de 1,190,355.5 miles de pesos; por lo anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas omitió depositarle a la UAT más de 500 millones de pesos, y por lo tanto no cumplió con el total de la aportación.
La denuncia señala que de manera dolosa, los exfuncionarios habrían omitido la aportación de dicha cantidad y ocultaron el uso y destino final del recurso.
Añadió que los exfuncionarios dieron una aplicación distinta a los recursos públicos que debieron haber sido administrados a la Universidad y se intentaron justificar como gastos erogados durante la pandemia.
«Pero no se acreditó que ese recurso se hubiera redireccionado al rubro relativo a la salud», señaló.
Además, indicó que una de las inconsistencias que se encontraron tiene que ver con los subsidios señalados en un convenio macro que determina las aportaciones que debe realizar el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a la Universidad.
Después de la renuncia del exrector, al iniciarse el proceso de entrega recepción, se encontró que una parte importante de las participaciones que corresponden al Gobierno del Estado no fueron entregadas.
«Esto implica un daño patrimonial para la universidad importante porque muchas de las facultades encomendadas a la universidad no pueden ser realizadas en virtud de la carencia de estos recursos que son fundamentales para rubros como la Academia, la investigación así como la divulgación de la cultura y la ciencia», indicó.
Detalló que el posible peculado al patrimonio de la UAT se realizó a través de un contrato de relación de pagos, que en este caso resultaría ilegal, toda vez que esto sólo se podría dar entre particulares.
«Los subsidios, tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado, están obligados a entregarse a la universidad para el desempeño de sus funciones, no constituye crédito, constituye una asignación presupuestal, es decir, forma parte del patrimonio universitario y este patrimonio no puede estar sujeto a relación de pagos porque las necesidades de la universidad no se pueden solventar con bienes», explicó.
