El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió confirmar la designación de diputados plurinominales hecha por el Instituto Nacional Electoral (INE) que otorga la mayoría calificada a Morena y aliados en San Lázaro.
La resolución se aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra. La votación de los magistrados sobre los proyectos fue la siguiente:
- Felipe de la Mata/ A favor
- Felipe Fuentes Barrera/ A favor
- Reyes Rodríguez Mondragón/ A favor
- Mónica Soto/ A favor
- Janine Otálora / En contra
En el arranque de la sesión se detalló que, en total, el Tribunal recibió 8 mil 867 medios de impugnación sobre la resolución, que corresponden a 30 proyectos de resolución en total.
Previamente, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que se perfila confirmar la decisión del INE.
El Tribunal no aclaró de dónde procedían todos los medios de impugnación pero sí se sabe que la oposición planeaba la presentación de inconformidad sobre lo que han considerado una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
El pasado 23 de agosto, en sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto por el cual se designan las diputaciones y senadurías plurinominales que conformarán el próximo Congreso.
Con la resolución se confirmó la mayoría calificada de Morena y aliados en San Lázaro, sin embargo, en el Senado se queda a tres legisladores de conseguirla.
La aprobación del proyecto generó controversia por integrantes de la oposición quienes acusaron de sobrerrepresentación a la alianza conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.
En días previos a la discusión, diversos actores políticos pidieron al INE hacer una interpretación del artículo 54 de la Constitución Mexicana que señala:
«En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida».
Dicha regla se ha aplicado a las elecciones desde 2009, cuando se buscó garantizar la participación de todas las fuerzas políticas en nuestro país.
