Al menos en su primera comunicación oficial sobre el tema, el gobierno de Donald Trump no concedió ningún reconocimiento ni agradecimiento al de la presidenta Claudia Sheinbaum por la entrega de 29 personajes del crimen organizado mexicano que tampoco fueron asumidos como parte de un proceso de extradición, a tal grado que Washington estudia si seis de ellos, de manera destacada Rafael Caro Quintero, pueden ser susceptibles de pena de muerte (lo cual sería imposible si Estados Unidos asumiera que estuviesen bajo el amparo de tratados de extradición, que prohiben al país receptor imponer penalidades inexistentes en la normatividad del país que extradita).
El Departamento de Justicia del país vecino estableció con crudeza que la entrega récord de acusados de crimen organizado (en 2007, Felipe Calderón extraditó a menos de la mitad de la cantidad de este 2025) es consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza y de un fiscal general que está dispuesto a liderar el Departamento con coraje y ferocidad.
Es importante analizar a detalle este párrafo del comunicado emitido por Pamela Bondi, la titular del citado Departamento de Justicia: Muchos de los acusados estaban sujetos a solicitudes de extradición de Estados Unidos de larga data que no fueron honradas durante la administración anterior, pero que el gobierno mexicano optó por transferir al actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del presidente Trump en la orden ejecutiva 14157, titulada Designación de Cárteles y Otras Organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, para perseguir la eliminación total de estos cárteles.
Por si fueran necesarias más señales del predominio imperial en el tema, la mal llamada megaextradición (pues, en principio, no se habla de una operación fundada en el tratado binacional de extradición, como ya se ha puntualizado en líneas anteriores) se produjo justamente en las horas previas a la reunión en Washington del gabinete mexicano de seguridad en pleno, con la excepción de la secretaria de Gobernación, con el secretario de Estado, Marco Rubio. La información oficial del caso ha señalado que a tal funcionario estadunidense le fueron presentados los resultados de los esfuerzos mexicanos en materia de combate al crimen organizado y, en particular, del tráfico de fentanilo.
En lo inmediato, la presidenta Sheinbaum parece fortalecida. Voces relevantes del aparato mediático estadunidense celebraron la victoria de Trump y la osadía y determinación de la mexicana. La entrega de los 29 debería ser provisionalmente suficiente para conseguir otra tregua en el cíclico amago trumpista de aranceles, aunque a mediano y largo plazo habrá de verse la consecuencia de esta entrega de piezas declarantes utilizables por áreas del gobierno estadounidense para mantener chantajes recurrentes, a título de presuntas implicaciones de políticos con cárteles y capos.
A reserva de que se informe con precisión del estatus judicial de cada uno de los enviados a Estados Unidos (el abogado de uno de ellos asegura que había amparos contra extradiciones y que, en los hechos, se practicó un destierro de esos personajes), lo sucedido ayer consolida el giro absoluto de la presidencia de Sheinbaum respecto a la de López Obrador en materia de seguridad pública, combate al crimen organizado y colaboración con agencias y gobierno estadunidenses.
Mención especial merece el caso de Caro Quintero, el máximo trofeo conseguido por la DEA y el gobierno de EU en general. Ha de recordarse que los asesinatos del agente Enrique Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala se produjeron durante la administración de Miguel de la Madrid, con el siniestro Manuel Bartlett como secretario de Gobernación. Ya se verán las implicaciones del lance claudista de ayer en cuanto a políticos del pasado remoto y reciente e incluso del presente (no sólo Sinaloa). ¡Hasta el próximo lunes!
Facebook: Julio Astillero
