La presidenta Sheinbaum no objetó la decisión de diputados que mantuvieron el fuero a Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación. No la apoyó expresamente, pero planteó condiciones y pidió contexto: que la acusación cuente con pruebas suficientes y que se tome en cuenta que el procesamiento judicial del tema fue hecho por un fiscal estatal de nefastos antecedentes.
La postura de Palacio Nacional se distancia de la premisa muy activa en el movimiento feminista de creer a quien acusa en materia de agresiones sexuales o tentativas de ello. En estricto sentido, no corresponde al Poder Ejecutivo federal pretender que haya pruebas suficientes en un proceso legislativo para decidir el destino judicial de uno de los integrantes de las cámaras: a fin de cuentas, el Poder Legislativo tampoco prejuzgaría, en caso de haber desaforado al exgobernador de Morelos, sólo lo habría encaminado sin protección extraordinaria a enfrentar un proceso judicial que lo podría declarar culpable o inocente.
Sin embargo, un paso en apariencia tan susceptible de ser alcanzado (poner a un diputado federal del partido en el poder a enfrentar sin fuero una acusación judicial) acabó convirtiéndose en una lamentable confirmación de la primacía de los compromisos grupales, por encima de principios y discursos. Con la delatora ayuda, además, del PRI y su dirigente Alejandro Moreno, entre versiones de que tal apoyo implicará que el propio Alito tampoco sea desaforado.
En ese contexto, la Presidencia de la República no pudo sustraerse a la emisión de palabras que no corresponden a plenitud con los compromisos de defensa y ayuda a las mujeres, a pesar incluso de que en San Lázaro hubo más de dos decenas de votantes morenistas que no se sumaron al favorecimiento de Blanco o que se abstuvieron, entre estas legisladoras hay algunas mencionadas como parte de la corriente «claudista».
Para dar continuidad a sus rutinas de amenazas, matices, toma de ganancias, nuevos matices y «perdones» o posposiciones, ayer Donald Trump dio a conocer que impondrá aranceles de 25 por ciento a vehículos automotores que no sean fabricados en Estados Unidos, lo cual representa un fuerte golpe económico a México y Canadá, países con alta cuota de exportación de vehículos al mercado estadunidense.
En los detalles, en una hoja informativa de la Casa Blanca se abrieron expectativas, pues se «daría la oportunidad de certificar su contenido estadunidense y se implementarán sistemas de manera que el arancel de 25 por ciento sólo se aplicará al valor de su contenido no estadunidense». También falta ver lo que una decisión así significaría en el contexto del tratado comercial norteamericano vigente. En lo inmediato, y a reserva de más precisiones, el anuncio aumenta preocupación en el escenario económico nacional, por los riesgos de retiro de plantas automotrices, desempleo y desaliento de nuevas inversiones en el ramo.
El escenario es complicado, pues Estados Unidos mantiene una exigencia de resultados en materia de combate al crimen organizado, que en el fondo está reabriendo puertas a agencias e intereses estadunidenses, que el entonces presidente López Obrador mantuvo a raya en lo posible, e incluso se está fortaleciendo una «cooperación» asimétrica. Otro punto de gran interés estratégico y electoral de Trump, el freno al flujo migratorio irregular, también ha sido satisfecho por México con prontitud y eficacia.
Ya se verá, en este nuevo episodio de amagos arancelarios, si Trump está dispuesto a estirar la liga a riesgo de reventarla (o generarle fuertes daños económicos) o se está en presencia de una nueva puesta en escena de la obra favorita del presidente de Estados Unidos, la de las amenazas para hacerse de lo más que le sea posible.
Y, mientras avanza penosamente la preparación de la elección popular de personas juzgadoras, con varios perfiles indefendibles y una intención de voto que hasta ahora se percibe baja, ¡hasta mañana!
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