Este domingo se realizará una sesión del Consejo Nacional de Morena que muy probablemente aprobará sendas propuestas de la presidenta Sheinbaum referidas a prohibir el nepotismo electoral y a regular los procesos internos de búsqueda de candidaturas a puestos de elección popular.
Dado el carácter altamente dominante de este partido en la vida institucional del país, parecería necesario que tal órgano colegiado recogiera y resolviera algunas de las pulsiones que registra su base, particularmente en cuanto a la distorsión doctrinal y operativa que han causado personajes antitéticos que rondan o ya han sido formalmente insertos en el aparato guinda de poder (por ejemplo: Miguel Ángel Yunes Márquez, no afiliado pero sí con premio en el Senado; Alejandro Murat, de brinco insólito de un partido a otro; Rommel Pacheco, clavado en la Conade; candidaturas judiciales).
Otro tema preocupante anida en la conducta de buena parte de los principales personajes llegados al poder en los estados por la vía 4T: conductas similares o peores a las del priísmo más repudiado son constantes en el historial cargado de soberbia de ciertos gobernadores y sus equipos.
Sin embargo, la integración y la correlación de fuerzas dentro de ese consejo nacional hacen difícil que se procesen positivamente temas que no lleven la aprobación cupular. Son 300 consejeros que, en muy buena cuota, provienen de acuerdos políticos, en particular de los gobernadores u otras facciones, que han sido instituidos por Morena o la 4T como garantes de control.
Así como la realidad política heredada (úsense los apellidos Monreal y López Hernández a título de ilustración) ha impedido que la segunda presidencia 4T logre la aprobación legislativa de algunas de sus propuestas, como sucedió con la iniciativa contraria al nepotismo electoral, el consejo nacional morenista refleja una realidad política que no corresponde plenamente al nuevo poder alojado en Palacio Nacional.
Las corrientes «claudistas» son minoritarias y algunas de sus figuras relevantes son inexpertas o están maniatadas, en aras de no trastocar la imagen de unidad que a la vez es necesaria para el asentamiento de Claudia Sheinbaum en un poder aún condicionado por el pasado reciente, aunque la doctora en mención ha ido desplegando políticas distantes de su antecesor, especialmente en materia de combate al crimen organizado.
Ese contexto restrictivo o condicionante se ha expresado en otro tema que, como el del nepotismo electoral, se alarga para su cumplimiento integral hasta 2030, el último año de gobierno de Sheinbaum, cuando la 4T deberá sumar puntos para hacer viable su continuidad en la administración pública federal (¿el tercer piso de la 4T?)
Semana laboral de 40 horas, se proclamó ayer por parte de la Presidenta y su secretario del Trabajo, pero en un proceso gradual, paulatino, que requerirá… consensos. El diccionario de la Real Academia Española define tal término así: «acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos». Y, entre otros sinónimos, propone el de «unanimidad». Hay una visión que establece que el consenso no implica necesariamente unanimidad, pero sí un acuerdo aceptado por todos aunque alguna de las partes haya estado en contra.
En la realidad mexicana, dejar el tema de la gradualidad de las 40 horas a que haya consensos equivale a conceder a la parte que desde ahora tiene abiertas objeciones, la patronal, el privilegio de imponer tiempos y procedimientos. Del lado sindical, además, hay presuntos líderes proletarios que tampoco están a favor de una aplicación rápida y avanzada. Una 4T fuerte, con la capacidad de imposición de reglas que se ha manifestado en otros temas, debería ser capaz de anunciar y aplicar medidas correspondientes a sus promesas de campaña y programa de gobierno, sin esperar a que los patrones acepten, condicionen o pidan subsidios y ayudas para asumir tales cambios a favor de los trabajadores. ¡Hasta el próximo lunes!
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