La visita del subsecretario Christopher Landau a Palacio Nacional, preparatoria de la que realizará el secretario de Estado, Marco Rubio (poderoso brazo ejecutor de las políticas sucias de Donald Trump), estuvo enmarcada en versiones, ampliamente difundidas en espacios de Internet, de que el gobierno de Estados Unidos estaría demandando del mexicano el procesamiento judicial y extradición de personajes plenamente identificados con el proceso llamado Cuarta Transformación.
Las versiones no son nuevas, aunque la difusión de las supuestas listas de capturables difieren en razón de las animadversiones de sus elaboradores y en cuanto al momento preciso en que auguran el cumplimiento carcelario. La agencia Reuters se hizo eco, obviamente sin dar fuentes ni pruebas, de tales especulaciones. Algunos políticos le dieron vuelo a la especie y comentaristas y seudoperiodistas mentalistas añadieron lo que de su cosecha consideraron oportuno.
La propia embajada de Estados Unidos en México emitió un mensaje en redes señalando como falsa una de las listas que con más insistencia se habían hecho circular. Una precisión descalificadora así ha de tomarse con pinzas, como todo posicionamiento de la representación diplomática gringa, que con toda facilidad puede girar hacia donde le sea indicado, más ahora con un Boina Verde como comandante en jefe de dicha embajada. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, como es natural, también negó veracidad a tales especulaciones.
Y, sin embargo, la presión chantajista del imperio en decadencia y su trumposo presidente sigue ahí, con pretensiones de castigo a la narcopolítica (como si el sistema gringo estuviese exento de tal contaminación) y con otros temas delicados que se están procesando para el cierre de expediente con Marco Rubio, reunión del G-7 mediante, con la posibilidad de un diálogo ahí entre Trump y Sheinbaum.
El mes próximo cumpliría 20 años de encarcelamiento Juana Hilda González, acusada de participar en el extraño caso de la presunta desaparición forzada y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda, quien convirtió ese oscuro hecho en un amasijo de intereses, ambiciones y maquinaciones criminales potenciadas por personajes como Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna y por posteriores ocupantes de mandos policiacos y fiscalías, entre éstas la presuntamente distinta que ha encabezado de manera deplorable Alejandro Gertz Manero.
Juana Hilda no cumplirá los 20 años de robo institucional de su vida porque ayer la Suprema Corte de Justicia declaró que no había pruebas para mantenerla en prisión y ordenó su liberación inmediata. Aun cuando faltan algunas actuaciones procesales, el resolutivo de los ministros entraña la consecuente declaración de no culpabilidad de cinco imputados más, que igualmente fueron sometidos a torturas y tratos inhumanos para que sirvieran como supuesta comprobación de la autenticidad de los delitos que la influyente y desbordada Miranda de Wallace fue asignando, imponiendo, sosteniendo y proclamando; la tragedia familiar tan imprecisa como mecanismo de conexión de la doliente con factores de poder, políticos y mediáticos.
Astillas
Trump y el gobernador Newsom siguen enzarzados en la temprana pelea por la sucesión presidencial, con Elon Musk como personaje de opereta al disculparse y buscar reacomodo en el ánimo del depredador alojado en la Casa Blanca… Y, mientras este tecleador ha escuchado del historiador y genealogista Óscar G. Chávez un dato meramente curioso (actualizable a propósito de los recientes incidentes policiacos entre Guatemala y México), consistente en que una hermana del presidente de aquel país está casada con Enrique Semo, tío abuelo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que la familia de Lucrecia Eugenia Pintado Villanueva, esposa del presidente Bernardo Arévalo, tiene raíces mexicanas, en específico por el rumbo de Villa de Reyes, San Luis Potosí, ¡hasta mañana!
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