Con su grandilocuencia acostumbrada, Donald Trump anunció ayer el alto el fuego entre Irán e Israel, en lo que calificó de la «Guerra de los 12 días». A la hora de cerrar esta columna no se había confirmado tal acuerdo por ninguna de las partes beligerantes; el ministro de Relaciones Exteriores de la república islámica incluso lo negó como tal, aunque dejó abierta la puerta al señalar que podría darse si Israel cesaba en sus ataques; el mismo funcionario iraní agradeció a las fuerzas armadas de su país, con aire de cierre de ciclo, por haber combatido hasta el último minuto a los israelíes.
El anuncio fue precedido de un hecho significativo: Irán disparó misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en Qatar e Irak, pero habiendo avisado con toda anticipación del ataque, de tal manera que no hubo bajas y el propio Trump agradeció el detalle de tal prevención iraní.
De confirmarse el cese de hostilidades, todo parecería quedar en un símil automovilístico de los choques cuyas consecuencias son negociadas bajo la filosofía pragmática y expedita de «cada quien su golpe»: Irán se queda con el daño al desarrollo de tecnología nuclear que le adjudican sus contrarios; Israel, con la comprobación de la vulnerabilidad de su «domo de hierro», horadado por misiles de la nación teocrática (en ambas naciones, muertos y heridos); Estados Unidos, con el ataque armado, meramente simbólico, a bases militares en Medio Oriente; el mundo, con el angustiante asomo al peligro de una conflagración mundial y los indicios de más descomposturas económicas y comerciales. Aunque, desde luego, en la era Trump todo puede volver a descomponerse y ensuciarse. Es la marca de la casa (Blanca).
El Congreso de la Unión, en un periodo extraordinario de sesiones que comenzó ayer, se alista para aprobar hoy la formal confesión final de que la creación de la Guardia Nacional tuvo siempre como santo y seña su adscripción militar y su accionar bajo indudables mandos reales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Recuérdese que desde la etapa obradorista y con diversos retorcimientos retóricos se disfrazaron las intenciones originales. Oficialmente, dicha guardia debía integrarse y manejarse bajo tonalidad verde olivo por la debilidad de las instituciones policiacas que, en cuanto fueran depuradas y fortalecidas, retomarían el carácter civil de la Guardia Nacional y los soldados regresarían a su estricto ámbito constitucional. Nunca se buscó ni se logró esa mejoría en los cuerpos policiacos y, en cambio, se consolidó la vigorosa presencia nacional de dicha guardia siempre castrense y ahora con facultades ampliadas, si es que el Congreso así lo decide, como todo hace suponer en la actual era de militarización guinda.
En este periodo extraordinario de sesiones se abordarán las reformas a la normatividad relacionada con la desaparición forzada de personas. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció ayer 30 modificaciones a la iniciativa originalmente enviada por la presidenta Sheinbaum, lo cual es un buen signo, en cuanto el aparato gubernamental organizó y procesó diálogos con organizaciones de familiares buscadores de desaparecidos para plantear sus demandas ante las cámaras legislativas. Este avance, sin embargo, no es suficiente en el marco de la grave crisis nacional de desapariciones que no cesan.
Otro de los cuando menos 16 proyectos de reformas legales se refiere a las telecomunicaciones y la radiodifusión, entre críticas de concesionarios y comentaristas por la presunción de que habría restricciones a la libertad de expresión y se consolidaría la muy mentada «dictadura», que esas partes interesadas pretenden ver sólo en el presente y no en el pasado del que formaron jubiloso apéndice.
Y, mientras la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, reconoce que México vive una «tragedia ambiental», ¡hasta mañana!
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