La presidenta Claudia Sheinbaum actualizó su compromiso de campaña en cuanto a impulsar una reforma electoral y centró sus primeros objetivos en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento de las actividades de éste y de los partidos políticos y la persistencia o eliminación de la vía plurinominal para alcanzar asientos legislativos.
Con mayoría legislativa suficiente para impulsar los cambios constitucionales que requiera, la Presidenta tiene frente a sí la posibilidad de modificar a fondo un sistema electoral, y sus consecuencias políticas, que consume una enorme cantidad de dinero público, que ha ensanchado el acceso del crimen organizado a la conformación de los poderes, que limita el acceso con viabilidad competitiva a candidaturas independientes y que garantiza el predominio de las camarillas de los partidos.
Aunque justamente ahí está un punto complicado, pues algunas iniciativas presidenciales se han entrampado entre jaloneos, condicionamientos y cobros por parte de las élites controladoras de las cámaras: Monreal y Adán Augusto como jefes; el Verde como retardante o disolvente.
¿Cómo puede conseguirse que los propios partidos y sus camarillas, virtuales dueños y reales beneficiarios del negocio de la política, voten contra sus consolidados intereses y cambien el sistema del que dependen?
Por otra parte, deberá cuidarse que los cambios en la composición y operación del INE no impliquen tal adelgazamiento y rediseño que quede convertido en un instrumento manejable por el partido dominante en turno. Respecto al financiamiento de los partidos, igualmente debe evitarse que el dinero de los cárteles sustituya abiertamente al financiamiento público o que los gobiernos estatales y el asistencialismo federal lo suplan. Y lo de los plurinominales es artificio muy llamativo para la galería, pero sin consecuencias reales en la esencia del funcionamiento legislativo.
El 26 de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Constitución relacionadas con la naciente Guardia Nacional. Era inequívoca la disposición de que fuera de carácter civil, pues el propio máximo ordenamiento nacional establecía que las fuerzas armadas no deberían asumir funciones ajenas a su naturaleza.
El artículo 21 constitucional señalaba que «las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional»; que «la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional»; que «la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial» y que la multicitada Guardia, «civil», estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública federal (https://goo.su/1zrRewm).
En esa misma publicación, sin embargo, se utilizó el recurso de matizar o desnaturalizar mediante artículos transitorios lo que estableciera el artículo definitivo. Por esa vía «provisional», «extraordinaria», se abrió la puerta al control y operación real de las secretarías de la Defensa Nacional y, en parte minoritaria, la de Marina. En 2022, otra reforma concedió ya sin ambages que la Sedena se encargara del «control operativo y administrativo» de la Guardia Nacional, sin plazo perentorio. Y ayer la Cámara de Diputados formalizó la intención original, la del 2019 obradorista: el mando y operación de la Guardia Nacional corresponden a la Sedena, a lo militar, no a lo civil.
Astillas
Mensaje claudista en clave «Azteca», emitido el día en que la Corte decidió (por nueve votos contra dos) que los casos de adeudos de impuestos de empresas sean resueltos por los siguientes ministros, no los actuales: «miren cuántos jueces corruptos no usan toga y birrete, que andan liberando impuestos. Por cierto, hay varios ahí, ya saben qué persona debe impuestos, que están por definirse estos días»… ¡Hasta mañana!
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