Alfonso Romo Garza nunca debió ser jefe de la Oficina de la Presidencia. Él mismo lo dijo en mayo de 2018 a Azucena Uresti, en Milenio Televisión: «Mira: él (Andrés Manuel López Obrador) me ha estado proponiendo como jefe de gabinete, como coordinador del gabinete, como todo. Yo, la verdad, y lo digo con mucho respeto, no voy a hacer nada en lo que tenga yo conflicto de intereses».
Agregaba: “yo le decía el otro día a Andrés Manuel, de broma: ‘Ya no digas que voy a ser jefe de gabinete, porque no voy a ser’. Por que… ¿te acuerdas del caso del Toallagate? Imagínate tú, yo con los negocios que tengo, mañana mi grupo financiero hace una colocación de papel de Pemex… ¡No! Me van a crucifi… ¡Si Anaya me está crucificando por algo que no dijo Andrés Manuel! Tú imagínate. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso por la reputación que le debo a mis negocios, a mi familia, al mismo país, al mismo gobierno. Sería… habría mucha suspicacia. Entonces, yo prefiero ayudarle de otra forma que no tenga conflicto” (el tema fue abordado en esta columna en julio de 2019: 4T y (evidentes) conflictos de intereses https://goo.su/fwCSaBw).
Sin embargo, López Obrador, en acto masivo en la Macroplaza de Monterrey, anunció que Romo ocuparía el cargo de jefe de la oficina presidencial. No tuvo ahí gran poder político, pues el tabasqueño en varias ocasiones hizo justamente lo contrario de aquello que había enviado a negociar a Romo, quien, por otra parte, pudo seguir haciendo negocios en el marco previamente anunciado del conflicto de intereses. Finalmente dejó el cargo, pero no la productiva relación con el presidente de la República.
Ahora, el factor Romo, financista apoyador de campañas (lo mismo de Fox o Salinas que de López Obrador), derechista colindante con lo ultra, ganancioso en sus empresas y abusivo en varias por su cercanía con el poder político, se entera del señalamiento de una agencia gubernamental de Estados Unidos de que, además de otras dos firmas, se sanciona a Vector, fundada por Romo, principal accionista, bajo acusación de haber servido a cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo.
Eliminar el factor de las candidaturas plurinominales podría tener un valor táctico para Palacio Nacional, en la medida en que le permitiera zafarse de las presiones y celadas de los grupos dominantes de Morena que desde ahora, y marcadamente, se mueven en función de sus intereses subgrupales.
Por ello mismo, como sucedió con la pretensión de cerrar jurídicamente el paso a los proyectos de continuidades familiares en cargos importantes (los Salgado en Guerrero, los Monreal en Zacatecas, los Gallardo en San Luis Potosí, por dar ejemplos), la iniciativa contra lo plurinominal legislativo puede toparse con reticencias y torpedeos internos, como la prohibición de la relección, que en el Congreso fue pospuesta hasta finales del sexenio claudista aunque, en compensación, Morena la incorporó como resolutivo sin obligatoriedad jurídica, ni siquiera plasmado en sus estatutos.
Otro elemento interesante de la batalla contra los pluris radica en la obligación de que los futuros representantes populares se ganen sus asientos en la brega directa, en las calles y plazas, de frente a los electores (en el «territorio», se dice ahora por moda de aspiración épica). En realidad, la vía plurinominal o de representación popular fue establecida en tiempos de la aplanadora priísta para dar espacios acotados a la oposición, que sólo excepcionalmente lograba ganar cargos por mayoría. Otro objetivo era que los cuadros partidistas, especializados en materias a discutir y promover en las cámaras, pudieran estar en éstas sin competir directamente, pues sus perfiles eran técnicos, más que políticos.
Pero, fuera de esas consideraciones, la persistencia o eliminación de esa vía de representación proporcional no afectaría sustancialmente los mecanismos de postulación, campañas y elección de diputados y senadores, pues sus fallas, graves, no provienen del factor plurinominal, sino de una estructura mayor, cuasimafiosa. ¡Hasta mañana!
