En Estados Unidos fue detenido, para su extradición, el boxeador profesional Julio César Chávez Carrasco, quien cinco días atrás había sufrido otra derrota, ésta en un cuadrilátero de Anaheim, California. Las autoridades de aquel país consideran que es parte del Cártel de Sinaloa y que ha cometido delitos relacionados con esa adscripción.
A partir de lo hecho por el Servicio de Inmigración y Aduanas del vecino país se medio desperezó la Fiscalía General de la República (reconocida por su velocidad, medible en unidades tortugertz, convertibles a conveniencia) y dio a conocer que desde marzo de 2023 ha existido en México una orden de aprehensión contra el hijo de otro excampeón mundial de box, «por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos».
A través de este personaje del deporte profesional, las autoridades estadunidenses están reforzando el mensaje de que seguirán actuando contra quienes de alguna manera les parezcan relacionados con actividades del crimen organizado. Ya se han producido avisos mediante la cancelación de visas a cantantes y grupos promotores de narcocorridos y a políticos morenistas como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, dedicado a negocios varios desde un cargo honorario en el gobierno estatal.
En ese escenario político impactado por temas de crimen organizado, ayer la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina de prensa lanzó preguntas a reporteros que, con sus respuestas, le dieron marco para expresar su desacuerdo con la manera como el vecino país está manejando el caso de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, a quien se está beneficiando para colocarlo como testigo o colaborador declarativo en un sentido hasta ahora impreciso, pero sí causante de diversas especulaciones.
No acusó la Presidenta de la República a Estados Unidos de estar negociando con terroristas (dado que tal es la denominación legal aprobada en aquel país para aplicarse a grupos y personajes del crimen organizado), pero sí lo deslizó, o más que eso, mediante la citada fórmula interrogativa propiciadora de adecuadas respuestas corales. También mencionó que debería haber cuando menos «coordinación, comunicación» de EU con la Fiscalía General de la República.
Sobre todo, si se toman en cuenta las graves dificultades que implicó la detención, en segundo intento, del citado Ovidio, con muertos y heridos en la primera ocasión, y el detalle mayor de que el chapito en mención fue extraditado al país vecino, lo cual impone reglas y límites que los juzgadores no pueden ignorar o vulnerar.
Sin embargo, entre desdenes, provocaciones, amenazas y golpeteo diverso a México y a su proceso de transformación llamado 4T, la atención nacional está puesta en lo que dirán los personajes capturados por Estados Unidos, en específico la facción de los chapitos fugitivos y el presunto secuestrado Ismael Zambada, alias El Mayo.
Ayer fue puesto en libertad provisional el activista ambiental Renato Romero, quien ha participado en actos de protesta en Veracruz contra las impunes Granjas Carroll, que siguen contaminando de manera ostensible sus alrededores en Perote y agotando la disponibilidad de agua, y en Puebla, donde se lucha contra el saqueo de líquido y de recursos públicos que realiza Agua Puebla para Todos, una muy lesiva concesión hecha en 2013 por el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, y actualmente con presencia accionaria dominante del grupo Hermes, de las familias Hank Rhon y Hank González. Hay más órdenes de aprehensión contra activistas de aquella región.
Y, mientras la Presidenta se reunía ayer en Palacio Nacional con 12 empresarios, destacando Carlos Slim Helú entre ellos, y la coordinadora Altagracia Gómez, para afinar el llamado Plan México, sin reuniones ni consultas con dirigentes sindicales genuinos, que no hay, ni con auténticos líderes sociales y populares, ¡hasta el próximo lunes!
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