El Señor de los Aranceles ha atacado de nuevo (esto podrá ser leído en cualquier momento del segundo cuatrienio de Donald Trump, con las adaptaciones que cada caso requiera).
A pesar de los evidentes esfuerzos de la administración Sheinbaum por entregar resultados notablemente superiores a los que reportó Andrés Manuel López Obrador en materia de combate al crimen organizado, el ocupante de la Casa Blanca los ha considerado insuficientes y, por tanto, ha soltado uno más de sus amagos arancelarios: 30 por ciento a partir del primero de agosto, si para esa fecha Palacio Nacional no ha hecho lo que Washington considere aceptable.
La amenaza de Donald ha puesto frenética a la oposición a la llamada Cuarta Transformación, ahora empeñada en promover la hipótesis de un jinete justiciero rubio que vendría a desmontar el imperio guinda (aunque ni siquiera tiene la citada oposición cartas más o menos pasaderas para retomar el timón nacional). Rayando en ocasiones en lo delirante, circulan en redes sociales presuntos vaticinios, listas y ensayos que tratan de pavimentar la intervención gringa en México.
En particular, ha emocionado a esos opositores el arreglo de la fiscalía estadunidense con Ovidio Guzmán López para que éste reciba una sanción menor a la previsible, siempre y cuando declare más adelante lo que ese gobierno gringo considere adecuado a sus propósitos. Suponen esas voces pertenecientes a las minorías apabullantemente desplazadas que para satisfacer el apetito de Trump y sus halcones deberá haber un desmantelamiento de buena parte de la clase política dominante (Morena y sus aliados) y la entrega de ofrendas de buen nivel para sacrificios entre barras y estrellas.
No faltarían candidatos para esas faenas expiatorias. Una buena parte de los gobernadores llegados a nombre de Morena y conexos han hecho suficientes méritos para ser colocados en una piedra de sacrificios: el sinaloense Rubén Rocha Moya, el tamaulipeco Américo Villarreal y la bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila Olmeda (y esposo) en primer lugar. Pero no sólo ellos: en realidad, lo difícil sería encontrar a algún gobernante actual que no haya sido apoyado por grupos oscuros o que no mantenga redituables relaciones de gobernabilidad con ellos o, en el mejor de los casos (si lo hubiera), de tolerancia, de convivencia obligada.
El mayor énfasis de esos grupos de adivinación está puesto en las presuntas acciones penales, o acusaciones demoledoras, que a partir de las aceitadas declaraciones de los narcotestigos protegidos llegara a lanzar Estados Unidos contra el anterior presidente, López Obrador, y algunos de sus hijos (Andy, en especial), en el marco de un narcogobierno, el inmediatamente anterior y el actual.
La presidenta Sheinbaum reaccionó con una reiteración discursiva (no subordinación, sí coordinación, nada contra la soberanía ni el pueblo, cabeza fría, red consular defensiva, negociaciones) y con una extraña visita a la región más caliente de los radares gringos: Sinaloa, con un Rocha Moya incómodo, cual si hubiese recibido una mala noticia; Baja California, de los esposos gobernantes sin visa; Sonora y Baja California Sur.
Entre la esperanza de los opositores de la 4T de que llegue un rayo estadunidense y fulmine la estructura guinda y similares, y las negociaciones cedentes que una delegación mexicana realiza en Washington (Ebrard, De la Fuente, Édgar Amador y Luz Elena González), poca atención se presta al hecho de que la presión trumpista podría ser el punto de apoyo que permitiera a la presidenta Sheinbaum deshacerse de personajes que le fueron impuestos, como cuotas de compensación por el proceso de las corcholatas (Ricardo Monreal en San Lázaro, Adán Augusto López Hernández en el Senado y el propio Ebrard en Economía), o como continuidad administrativa en secretarías y direcciones importantes. También ganaría mucho la Presidenta si se deshiciera de ciertos cargos partidistas y reafirmara la condición personalísima del ejercicio del Poder Ejecutivo federal. ¡Hasta mañana!
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